El juez remite a la Audiencia Nacional las querellas contra Caja de Inversión

El juez José Antonio Lahoz, titular del Juzgado número 12 de Instrucción de Valencia, rechazó ayer los recursos presentados en contra de su inhibición en favor de la Audiencia Nacional en el caso Caja de Inversión. El juez anunció que trasladará de inmediato a los Juzgados Centrales de Instrucción las denuncias y querellas presentadas contra esta cooperativa de crédito, que afectan a conocidas personalidades de la empresa y la Iglesia valenciana. Los abogados de los querellantes mostraron su desacuerdo con esta medida y dijeron que estudiarán en los próximos días un recurso de queja, el único posible, ante la Audiencia Provincial de Valencia.Caja de Inversión fue, hasta su absorción por la Caja de Ahorros de Madrid en octubre pasado, una cooperativa de crédito ligada a la Iglesia, tanto por el destino y procedencia de sus fondos como porla composición de su consejo rector. En él figuraron Vicente Ferrando, vicario general de la archidiócesis de Valencia; Juan Lladró, empresario del sector de porcelanas, y Silvino Navarro, dirigente empresarial valenciano y procesado, al igual que Vicente Iborra, porel caso SAVE.

Sobre el pequeño holding constituido por Foica, Caja de Inversión y Foicasa y sus directivos pesan acusaciones de estafa y falsedad documental, formuladas por Jerónimo Salt e Ignacio Fernández, clientes de la entidad financiera que se sintieron perjudicados por su liquidación. Caja de Inversión, según la denuncia, repartió beneficios inexistentes entre algunos socios, simuló ampliaciones de capital que no fue desembolsado, camufló dinero negro de algunos clientes y concedió créditos sin garantía a terceros para tapar agujeros de cientos de millones de sus propios socios.

Caja de Inversión contó para ello durante algún tiempo con la tolerancia del Banco de España, que conoció parte de estas irregularidades al menos desde 1980. Por esta razón, los querellantes de Caja de Inversión presentaron a finales de junio una denuncia contra la autoridad monetaria ante el Ministerio de Hacienda.

Balance presuntamente falso

La inhibición en favor de la Audiencia Nacional está motivada en que los presuntos perjudicados residen en más de una audiencia territorial, según se deduce de la documentación aportada al juzgado por la comisión liquidadora de Caja de Inversión y Cajarnadrid. Entre esta documentación figuran dos balances de cuentas diferentes: el aprobado por la junta de socios el 11 de octubre de 1985 y otro, cerrado un mes antes, que fue el documento base de la absorción por Cajamadrid, en el que se recogía la situación real de la entidad, sustancialmente distinta a la expuesta ante los socios.El balance presentado ante la asamblea de cooperativistas había sido rectificado para corregir diversas irregularidades, como la diferencia entre el capital suscrito por los socios y el realmente desembolsado.