El futuro financiero de las 'pyme'

Con bastante frecuencia se ha acusado a las bolsas españolas de no ser representativas de la realidad empresarial de la nación, debido a la estrechez del mercado de renta variable y al escaso número de títulos admitidos a cotización, si comparamos el número total de empresas existentes en España.Tal afirmación puede ser parcialmente cierta si olvidamos la fuerte interrelación económica que existe entre las empresas, de cualquier tamaño que sean, y nos atenemos solamente a los privilegios financieros de que en un momento dado pueden gozar las grandes empresas en exclusiva.

Efectivamente, cada vez está más claro que puede llegar a darse el caso de una economía en la cual las grandes empresas vayan bien, estén saneadas, hagan inversiones y obtengan beneficios, mientras que las pequeñas y medianas empresas se encuentren en una situación diametralmente opuesta; esto es, tengan dificultades para financiarse, no consigan mercado para sus productos, se vean obligadas a aligerar sus plantillas y se queden rezagadas en el proceso de necesaria modernización tecnológica, al carecer de dinero para nuevas inversiones. Este peligro, apuntando solamente como una hipótesis de trabajo, puede ser realidad en España a muy corto plazo.

Y ello representaría una gran tragedia en una nación que ostenta un elevadísimo índice de paro estructural, cuya solución pasa ineludiblemente por la potenciación de las pequeñas y medianas empresas, que son las únicas que en el mundo occidental, al menos ahora, tienen capacidad de generación de empleo. Las grandes, ya instaladas, aún pueden aumentar enormemente su productividad y sus rendimientos mediante el recurso a la aplicación intensiva de nuevas tecnologías, como la informática y la robótica, sin incrementar por ello su número total de puestos de trabajo.

La esperanza para el empleo radica, por tanto, en las pyme, y esta circunstancia hace especialmente peligrosa la amenaza de crear dos categorías de empresas, unas que van bien y otras muchas que van mal, sin hacer nada para resolver esta discriminación. Las grandes empresas tienen a menudo acceso a créditos a bajo interés y a largo plazo, de los que no disponen las pyme. Además, cuando el sector exterior es un pulmón para la economía, son sobre todo las grandes empresas las que tienen redes comerciales internacionales adecuadas para aprovechar el tirón de la exportación.

Cuando entran en crisis, por lo menos hasta ahora, siempre acudirá en su ayuda el Estado, de una u otra manera, para evitar el problema social que se pueda crear. Y, por último, las grandes empresas siempre pueden financiarse colocando parte de su capital en el mercado de renta variable, lo que les asegura abundante financiación a medio y largo plazo.

Los dos últimos casos de empresas admitidas a cotización en las bolsas españolas demuestran que el inversor está ávido de participar en operaciones de este tipo, y los precios de salida se han multiplicado varias veces, lo que hace a este sistema más interesante que la apertura de nuevas líneas de crédito. Todos los puntos anteriores son verdaderos privilegios para las grandes empresas, en el sentido de que son beneficios que hasta ahora no están al alcance de las pyme.

En el plano financiero, que es el motivo de este artículo, es urgente y necesario proceder a corregir este desequilibrio de tratamiento. Pero entendámonos. No se trata de hacer demagogia con la pyme, a la que tan proclives son los políticos cuando llegan épocas preelectorales. Tampoco se trata de lanzar anatemas contra la gran empresa, porque, como dijo aquel fiscal norteamericano cuando llevó el caso de una multinacional acusada de prácticas monopolísticas, "la grandeza, en los negocios, no es necesariamente mala" (el juego de palabras tiene más sentido en su inglés original: "Bigness in business, is not necesarally badness").

Nuevos instrumentos

Se trata, simplemente, de poner a disposición de las pyme nuevos instrumentos de financiación que las permitan competir en pie de igualdad. Para este fin se han producido en los últimos tiempos importantes novedades legislativas, que, sin embargo, no han sido hasta ahora suficientemente divulgadas. A las ya consolidadas sociedades de garantía recíproca se han venido a unir las sociedades de capital-riesgo, y aún más recientemente se ha abierto el segundo mercado en las bolsas oficiales de comercio.

Los requisitos para estar presente en este segundo mercado son muy simples, y la inhibición de los empresarios que podrían acudir al mismo, solamente se comprende desde la perspectiva de una información. Cualquier empresa que tenga un capital mínimo de 25 millones de pesetas y que esté dispuesta a poner en circulación al menos un 20% de los títulos representativos de su capital puede acceder al segundo mercado. Entre las condiciones previas, basta con presentar auditorías del balance y de las cuentas de resultados, y buscarse lo que se llama una sociedad de contrapartida.

Las sociedades de contrapartida reciben los títulos puestos en circulación y asumen el compromiso de atender públicamente las ofertas y las demandas de dichos títulos, fijando los precios mínimos y máximos de acuerdo con el mercado. El papel de intermediación de la sociedad de contrapartida, a la vez que simplifica los trámites para la empresa que desee poner sus títulos en el segundo mercado, asegura al tener de dichos títulos la necesaria liquidez.

Con este sistema, apoyado por una abundante información financiera de las sociedades admitidas a cotización, no habría ningún problema para que el número escaso de empresas que cotizan en bolsa se viera ampliado, de forma que los mercados de valores adquieran plenamente la dimensión para la que fueron creados, que es el de instrumentos para canalizar el ahorro de los ciudadanos hacia la inversión creadora de riqueza.