Enfrentamiento entre el Gobierno autónomo y propietarios de viviendas 'clandestinas' en Tenerife

Un movimiento formado por 52 asociaciones de vecinos de Tenerife, que representa a unos 100.000 ciudadanos, ha protagonizado un enfrentamiento con el Gobierno autónomo al oponerse a los requisitos legales que impiden la acometida de luz y agua a las viviendas denominadas clandestinas, construidas por los propietarios. Éste es un sistema empleado en más de la mitad de las casas edificadas en las islas. La exigencia de una cédula de habitabilidad, que requiere un costoso proyecto y dirección de obra, como condición básica para el suministro de estos servicios ha provocado la reacción vecinal.

Ante la situación creada, el Ejecutivo regional ha redactado un decreto que será publicado próximamente. En las islas existe un déficit de 12.000 viviendas.Los afectados se han concentrado en dos ocasiones frente a la vicepresidencia del Gobierno canario, en Santa Cruz de Tenerife, para reclamar una solución inmediata al problema. Los ánimos se caldearon recientemente al trascender públicamente que se estaban registrando cortes de fluido eléctrico a viviendas autoconstruidas. La Consejería de Obras Públicas anunció la apertura de una investigación así como su voluntad de recoger en el decreto "el derecho de toda vivienda familiar autoconstruida a disponer de agua y luz".

Responsabilidad compartida

La solución hallada repartiría entre la Administración autónoma y los ayuntamientos la responsabilidad de garantizar la seguridad y las condiciones higiénicas de dichos inmuebles, a fin de vaciar de contenido la citada cédula. El Gobierno regional se ve obligado a emplear fórmulas originales para solucionar este acuciante problemas. El director general de la Vivienda en la comunidad autónoma, Francisco Rivero, ha reconocido, además, que la autoconstrucción podría ser una alternativa válida a la incapacidad económica de la Administración para dar techo a todas las familias que solicitan una vivienda social. José Medina, consejero de Obras Públicas, precisa que los 18.000 millones invertidos por el Gobierno canario para la creación de 3.000 viviendas, desde que asumió dicha transferencia a finales de 1984, resultan insuficientes dado el deficit que existe en las islas.