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Los fiscales del caso Banca Catalana, piden el procesamiento de Pujol

Los fiscales encargados del caso Banca Catalana, Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena, presentaron ayer ante el presidente de la Audiencia Territorial de Barcelona la petición formal del procesamiento de Jordi Pujol y otros 17 ex consejeros de Banca Catalana. La petición recoge, en líneas generales, los planteamientos expuestos en la querella presentada hace dos años, pero añade algunos datos importantes, ya que, junto a los delitos de apropiación indebida y falsedad en documento mercantil y oficial, incluye un nuevo delito de "maquinación para alterar el precio de las cosas", relacionado con la venta de acciones.

En la petición de procesamiento se reclama también la exculpación de seis de los querellados iniciales y la inclusión de uno nuevo, el abogado Jaume Pujol Garriga, que formó parte del gabinete jurídico de la Banca Catalana.La petición de procesamiento de los fiscales será trasladada ahora al ponente de la causa, el magistrado Vicente Navarro Verdejo, quien desde hace un mes estudia la investigación que realizó el juez Ignacio de Lecea. Las conclusiones procesales a las que llegue este ponente serán debatidas posteriormente por la asamblea de magistrados de la Audiencia de Barcelona, que actúa de forma colegiada en este caso por inexistencia, todavía, del previsto Tribunal Superior de Justicia de Cataluña Después de ello, los magistrados podrán pronunciarse sobre la petición de procesamiento.

La petición de procesamiento fue planteada reservadamente por los fiscales, a mediados de marzo al fiscal general del Estado, Luis Antonio Burón, pero su demanda no fue atendida hasta el pasado día 26, presumiblemente para no interferir en el proceso electoral. Los fiscales precisaron ayer, en conferencia de prensa, que los procesamientos que solicitan se derivan de la lectura que, como profesionales realizan de las investigaciones efectuadas durante dos años.

La presidencia de la Generalitat se negó anoche a comentar la decisión, mientras los partidos políticos reaccionaron con cautela a la decisión, remitiéndose, en general a la independencia de la justicia En este mismo sentido se expresó un portavoz del Gobierno, quien puntualizó: "Es un asunto que compete sólo a los tribunales".

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