La política de defensa

LOS CUATRO años de Gobierno socialista han supuesto algunos avances en el proceso iniciado por Gobiernos anteriores para lograr que el poder político se imponga sobre las pretensiones castrenses de mantener una autonomía militar frente al Ejecutivo. Este objetivo, coincidente con la puesta en marcha de unos programas de modernización de las Fuerzas Armadas, en consonancia con la integración en la OTAN, ha abierto vías de profesionalización en los ejércitos que, en sus primeras fases, originaron el aislamiento de las principales corrientes golpistas. Con todo, este proceso no ha sido cumplido de manera decidida e inequívoca por el Gobierno socialista: pese a lo que decía su programa electoral y pese a las promesas reiteradas por el vicepresidente del Gobierno y el portavoz del Ejecutivo, los militares demócratas de la UMD siguen expulsados del Ejército. El partido y el Gobierno de Felipe González no han osado desafiar al poder castrense en este punto simbólico de la lucha por las libertades. Cuando se piensa que gracias, entre otras cosas, a la actividad de militares como los que fundaron la UMD, la monarquía parlamentaria y democrática es hoy realidad, aumentan los perfiles de la injusticia y la medrosidad gubernamental en tomo a este tema.La potenciación de la industria militar y la proyección exterior de la política de defensa son los aspectos más destacados de la acción del Gobierno en el área militar. Entre las asuntos pendientes, aparte la cuestión de la UMD, figura el hecho de que el Gobierno no haya reformado la enseñanza militar ni establecido un modelo único de carrera militar.

La reforma más importante fue la aprobación de la ley orgánica de la Defensa. Con ella, la Junta de Jefes de Estado Mayor (JUJEM) pasó de ser la cúspide de la cadena de mando a constituirse en un órgano asesor y consultivo del ministro. La ley fija también que el mando de las Fuerzas Armadas lo detenta el presidente del Gobierno y, por su delegación, el titular de Defensa. La reforma de la justicia militar ha sentado el principio de que los tribunales castrenses sólo son competentes ante delitos estrictamente militares. Los casos relacionados con la rebelión, como todos los delitos contra el Estado, han pasado a la jurisdicción civil. En el campo disciplinario, el cese de los capitanes generales Fernando Soteras y Manuel Álvarez Zalba -tras hacer declaraciones críticas para el Gobierno- o el abandono voluntario de la situación activa en el Ejército del general Fernando Yrayzoz -por creer que le correspondía un ascenso que le negaron- pueden interpretarse como signos de una fortaleza gubernamental que brilló otras veces por su ausencia, como en el caso del capitán general de Valencia, Juan Bautista Sánchez Bilbao, autor de unas polémicas declaraciones sobre los golpistas encarcelados, sin ningún tipo de consecuencias.

El Gobierno puso en marcha programas de modernización para hacer más operativas las Fuerzas Armadas españolas en el seno de la Alianza Atlántica, en el que la presencia militar de nuestro país -a pesar de las promesas de no integración- ha aumentado considerablemente durante la legislatura socialista. En el Ejército de Tierra, el plan META persigue la conversión de un Ejército desplegado en las últimas décadas para ocupar el territorio en unas fuerzas operativas, menos numerosas pero más ágiles, estructuradas y concebidas para la defensa real frente a hipotéticas amenazas exteriores. La reducción a seis de las antiguas nueve regiones militares, la potenciación del dispositivo militar del sureste peninsular y la conversión en 14 de las anteriores 25 brigadas han sido los pasos más concretos. Parelalemente, el Gobierno aprobó por primera vez en España un Plan General de la Defensa, del que se derivó el segundo Plan Estratégico Conjunto (PEC).

Las leyes de plantillas de los tres ejércitos supondrán en los próximos cinco años una importante reducción de efectivos. La política de ascensos al generalato ha seguido apoyándose, salvo raras excepciones, en la antigüedad de los candidatos, y sujeta, hasta hace sólo dos meses, a la terna que los consejos superiores de los ejércitos proponían al Gobierno. De esta forma en los primeros meses de la legislatura fueron ascendidos militares sospechosos de estar involucrados en maniobras involucionistas. Haber sido un colaborador fiel de Gutiérrez Mellado y Suárez parecía, en cualquier caso, garantía segura de no promoción con los socialistas.

La ley y el reglamento del Servicio Militar han racionalizado los sistemas de incorporación a filas y reducido el tiempo de permanencia, pero no se han producido iniciativas orientadas a lograr un mejor aprovechamiento del tiempo por parte de los jóvenes ni para garantizar sus derechos. Los abundantes accidentes militares y los casos de malos tratos a soldados por parte de algunos mandos han seguido figurando estos años en la crónica negra del Ejército.

La potenciación de la industria militar y programas de adquisición de nuevo armamento -72 aviones F-18A y misiles antiaéreos y ampliación del programa naval- entraron desde el principio en contradicción con las posiciones antiarmamentistas del PSOE antes de su llegada al poder. El impulso dado a la industria militar, con la consiguiente exportación de armas a países en guerra y a dictaduras odiosas como la chilena, han merecido la censura de los sectores pacifistas que dieron su confianza a González en los últimos comicios.