Autopistas, la cara oculta de la crisis bancaria

Calcular el coste final de la crisis bancaria es uno de los ejercicios apasionantes que todavía quedan pendientes por hacer en este país. Se sabe que la crisis afectó a 51 entidades y que los recursos empleados para su saneamiento hasta finales de 1983 superaron los 1,2 billones de pesetas, según la auditoría del Tribunal de Cuentas en el Fondo de Garantía de Depósitos. Ello no incluye las ayudas al Banco Urquijo ni las destinadas a Rumasa, cuyo grupo precisó por si solo unos 560.000 millones dé pesetas. En todos los casos se trata de ayudas. Es decir, recursos empleados, la mayor parte: recuperables por tratarse de préstamos, que aunque en condiciones favorables, ya se están devolviendo.Los expertos consideran que este cálculo es incompleto y que para ser exactos habría que añadir al coste de la crisis bancaria, las aportaciones de Estado a las empresas concesionarias de autopistas, la mayoría de las cuales eran propiedad de los bancos. Además se subraya que en el caso de las autopistas, las aportaciones del Estado son subvenciones a fondo perdido.

Hasta finales de 1985, las aportaciones del Estado a las concesionarias rebasaron los 280.000 millones de pesetas, (255.000 millones por el seguro de cambio y 25.000 millones por pérdidas de ENAUSA). Los costes futuros son difíciles de evaluar, pero según las previsiones más optimistas no bajarán de otros 200.000 millones. La cifra total de subvención estatal se aproximará pues al medio billón de pesetas, una cantidad que no se alejará mucho del coste efectivo de la crisis bancaria oficial.

La constitución de ENAUSA en 1984 resultó providencial para algunos bancos, que poseían participaciones en Autopistas del Atlántico (AUDASA) y Autopistas Astur Leonesa (AUCALSA). Ambas entidades, junto a Autopistas de Navarra (AUDENASA) llegaron a una situación límite a finales de 1983, lo que precisó la intervención pública. El Estado adquirió estas sociedades (sólo el 50% en el caso de AUDENASA) en marzo de 1984 y cargó con sus deudas que alcanzaban los 156.000 millones de pesetas, según un informe de ENAUSA.

Hasta entonces la solución empleada por estas compañías fue la de activar las pérdidas, refinaciarlas con nuevos créditos exteriores, engordando la pelota. La no intervención del Estado hubiera sido catastrófica, con la suspensión de pagos de alguna de ellas con toda la secuela de perjuicios en los mercados internacionales y en cualquier caso la deuda acumulada habría alcanzado los dos billones. En el caso de AUDASA los bancos (Hispano, Pastor, Noroeste y Bilbao) y las cajas gallegas habían hecho una aportación efectiva de 4.000 millones pero se habían endeudado en más de 66.000 millones. En AUCASA, la proporción era similar, 6.500 millones de desembolso efectivo y 65.000 de endeudamiento.