El canal en castellano de la TV vasca enfrenta al Gobierno central autónomo

La puesta en marcha de un segundo canal, en castellano, de la televisión vasca, coincidiendo con el inicio de la campaña electoral, ha provocado una intensa polémica entre las administraciones central y autónoma, que consideran, respectivamente, ilegal o legal la programación en base a una misma legislación.

El delegado del Gobierno en la comunidad autónoma y los directores generales de Medios de Comunicación Social y de Telecomunicaciones remitieron ayer al lendakari José Antonio Ardanza y al director general de la televisión vasca , José María Gorordo, comunicaciones en la que se solicita, por un lado, el acuerdo concreto que adoptó el Ejecutivo vasco sobre la puesta en marcha del canal, para estudiar la posibilidad de presentar recurso; y, por otro, se exige la paralización de las emisiones, por considerar que el nuevo canal no cumple los requisitos técnicos y jurídicos exigidos.El Gobierno vasco apoya su decisión en el Estatuto de Autonomía, que, en su artículo 19, apartado tercero, reconoce al País Vasco la posibilidad de regular, crear y mantener su propia televisión. "Tenemos un nivel competencial diferente a otras, comunidades autónomas y ello no es casual, sino que significa que nuestro problema específico es distinto", afirmó ayer en Vitoria el consejero de Presidencia del Gobierno autónomo, Juan Ramón Guevara.

La Administración central basa sus argumentos en el mismo texto, en otro de cuyos apartados se especifica que corresponde a la comunidad autónoma el desarrollo legislativo de las normas básicas del Estado en matería de medios de comunicación social. En Madrid se considera que tanto la Constitución, en su artículo 149 -cláusulas 21 y 27- como el Estatuto de Autonomía dejan claro que ciertas competencias referidas a las comunicaciones, son exclusivas del Estado.

"Se ha interpretado de forma espuria el propio estatutuo", afirmó ayer en Madrid Francisco Viseda, director general de Medios de Comunicación Social del Estado.

No habrá intervención policial

José Antonio Ardanza, lendakari del Gobierno vasco, afirmó, tras las primeras reacciones de condena, que las críticas deberían dirigirse en todo caso "a la situación de alegalidad en la que se encuentra el sector de la teledifusión".Fuentes cercanas a la Dirección General de Medios de Comunicación Social del Estado descartaron la posibilidad de una intervención policial contra el segundo canal de la televisión vasca, y apuntaron que será el Tribunal Constitucional el encargado de dirimir la polémica.

Juan Ramón Guevara indicó que el Ejecutivo autónomo no ha tenido pretensiones electoralistas a la hora de decidir la creación del nuevo canal, ya que tal posibilidad venía estudiándose desde antes de la convocatoria de elecciones. Guevara confirmó que económicamente la puesta en marcha del proyecto, que funcionará de forma experimental durante dos meses, supondrá 325 millones de pesetas.

El consejero justificó que el Parlamento vasco no hubiera sido informado de la decisión gubernamental "porque se trata de un problema de índole empresarial, técnica y de una decisión que no es definitiva".