Las querellas contra Caja de Inversion pasan a la Audiencia Nacional

La Audiencia Nacional será el tribunal competente para instruir el sumarlo del caso Caja de Inversión, cooperativa de crédito cercana a la Iglesia, contra la que han sido presentadas dos querellas por presuntas estafas y falsedad documental. José Antonio Laboz, titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Valencia, en el que recayó iniciabnente este asunto, dictó ayer el correspondiente auto de inhibición.

El juez ha aceptado la tesis expuesta en el preceptivo informe del fiscal, y justifica su decisión en que se trata de un caso de presuntos delitos derivados de operaciones financieras que afectan a personas en más de una audiencia territorial. Los querellantes discrepan de esta interpretación y han anunciado su intención de recurrir la inhibición.El juez se ha basado en el real decreto ley aprobado el 4 de enero de 1977, de creación de la Audiencia Nacional, uno de cuyos apartados se refiere a que serán competencia de este tribunal delitos de estafa, falsedad documental otros, "si se cometen mediante operaciones de inversión y financieras, siempre que unos y otros produzcan o puedan producir perjuicios a una generalidad de personas en más de una audiencia territorial".

La entidad Caja de Inversión tuvo sucursales abiertas en Ávila, Baleares y la Comunidad Valenciana.

Entre los querellados figuran. Vicente Ferrando, vicario general, de la diócesis de Valencia hasta, hace unos años y alma de Foica y Caja de Inversión, sociedades creadas para concentrar e invertir, los fondos de entidades religiosas; José Lladró y Silvino Navarro, presidentes de las mismas; y otras 14 personas más, algunas de ellas sacerdotes. Fueron socios de Caja de Inversión hasta su disolución en el año 1985 los obispados de Valencia, Castellón, Ibiza y Mallorca.

Investigaciones paradas

La cuestión de qué juzgado era competente se ha resuelto 17 días después de que Jerónimo Salt, un constructor afectado por la disolu ción de la caja, presentara denun cia ante el Juzgado de Guardia de Valencia. La denuncia, que se con virtió posteriormente en querella en el Juzgado número 3 de Valen cia, se acumuló a otra presentada el 28 del pasado mes de abril por otro perjudicado.

A causa de este trasiego y del retraso en definir la competencia no ha sido tomada ni una sola medida cautelar ni se ha iniciado investigación alguna, para disgusto de los querellantes. Los letrados representantes de Salt -José Luis Colomer y José Luis González- manifestaron su preocupación porque parte de la documentación que respalda la querella son fotocopias de documentos originales que podrían no ser encontrados jamás.

Fuentes judiciales restaron importancia a este argumento, "dado que los hechos denunciados, delictivos o no, deben figurar en documentos que obran en poder de notarios, corredores de comercio y Banco de España. José Luis Colomer aseguró ayer a este periódico que recurrirá el traslado a la Audiencia Nacional de la querella de su cliente, "ya que las irregularidades denunciadas se cometieron en Valencia, donde estaba la oficina central de Caja de Inversión".

Semejante actitud tomará Enrique Tomás, el abogado de José, Miguel Cebrián. Éste, querellante contra la entidad de la que fue director general, es a su vez acusado en la querella presentada por Jerónimo Salt.