El espionaje militar israelí, en cuestión

EL ESCÁNDALO que ha estallado en Israel sobre el jefe del Shin Beth (servicio de espionaje militar, encargado de la lucha contra las acciones armadas palestinas), supuesto responsable de la muerte de dos prisioneros palestinos en 1984, ha alcanzado una inesperada dimensión política. Por razones históricas evidentes, los servicios secretos han sido considerados en Israel como una pieza decisiva de seguridad y los gobernantes han cuidado de modo particular su prestigio y eficacia.En 1984, tras el secuestro de un autobús por cuatro terroristas palestinos, la intervención del Ejército para liberar a los rehenes causó la muerte de dos palestinos y de un soldado israelí. Otros dos palestinos, hechos prisioneros, murieron a consecuencia de las torturas a las que fueron sometidos por los militares. En 1985, y tras un proceso en el que un general reconoció su responsabilidad en las torturas -pese a lo cual fue absuelto-, el caso pareció concluido. Ahora, no obstante, con motivo de las confesiones hechas por personas que participaron en el interrogatorio a los prisioneros, el fiscal general de Israel, Isaac Zamir, ha decidido abrir una investigación contra el jefe del Shin Beth, Abraham Shalom, considerado como el símbolo de la seguridad del Estado. Sobre Shalom pesa la sospecha de falsificar testimonios e incluso de ordenar la muerte de los dos prisioneros palestinos,

La actitud del fiscal, que en el sistema israelí tiene poderes enormes y no responde ante ninguna otra autoridad, ha provocado conflictos de diverso carácter. En el seno del Gobierno de coalición, encabezado por el laborista Peres, el partido de derechas Likud ha pedido que una nueva ley limite los poderes del fiscal para que éste no pueda ordenar la apertura de investigaciones. Por su parte, los ministros laboristas han adoptado una actitud menos radical, pero el propio presidente Peres está presionando sobre el fiscal -que es a la vez consejero Jundico del Gobierno- para que renuncie a sus acusaciones o dimita. Se especula con la posibilidad de que el fiscal enterrara el expediente a cambio de la destitución del jefe del Shin Beth. En todo caso, su actitud ha sido decisiva para que la opiñión pública, a través de una Prensa mayoritariamente favorable al fiscal, tome conciencia de realidades que permanecían cuidadosamente escondidas.

En los debates que se desarrollaron en el seno del Gobierno, el ministro del Likud Ariel Sharon -el responsable de la desastrosa agresión contra Líbano- acusó al fiscal Zamir de "empujar al Estado al suicidio" por excesos de legalismo". Palabras que resumen el argumento de aquellos partidarios de convertir la razón de Estado en la razón total.

Finalmente, acaso el mayor mérito de Zamir reside en haber contribuido a poner al descubierto los peligros que para la democracia se derivan cuando la lucha contra el terrorismo se exhibe como justificación para que el mismo Estado viole las normas básicas del derecho y de la moral. No hará falta subrayar que tales peligros se repiten en la política de no pocos Gobiernos. El caso de los asesinos a sueldo de los GAL junto al débil interés que muestra el Gobierno español por descubrir complicidades o la nueva legislación francesa que pretende oficializar la recompensa a los delatores son dos muestras. Por su parte, el secretario de Estado norteamericano, Shultz, postula la generalización de esta actitud pronunciándose en favor de la guerra sucia contra el terrorismo. No hará falta repetir los argumentos expuestos en otras ocasiones, pero si un Estado democrático permite torturas y asesinatos, en buena parte tiene ya el terrorismo instalado en casa.