Hoy entra en vigor el decreto de homologación de ordenadores
El decreto de homologación de ordenadores entra en vigor hoy, después de la prórroga de seis meses concedida por el Gobierno el pasado 28 de noviembre para permitir a las empresas un plazo más holgado para la tramitación de los expedientes. El decreto prohíbela importación, fabricación y venta de todos estos productos informáticos que no cuenten con la aprobación de Industria en el sentido de ajustarse a las normas técnicas españolas.
La Dirección General de Aduanas comenzará también a aplicar el decreto y retendrá en frontera los modelos no autorizados. Según fuentes, del Ministerio de Industria y Energía, hasta la fecha de ayer habían sido aprobados poco más de 600 expedientes, que representan entre un 70% y un 80% del total de solicitudes presentadas.
Fuentes de la patronal del sector, la Asociación Española de Importadores de Productos de Electrónica (Asimelec), señalaron que algo más de un centenar de empresas -"algunas muy importantes", aunque no quisieron especificar marcas- no han presentado todavía las solicitudes para la homologación de sus productos informáticos.
Invasión extranjera
La asociación Asimelec mantuvo hasta la primera quincena de mayo negociaciones con Industria para intentar arbitrar una prórroga y otra solución alternativa. El ministerio se negó en rotundo a un nuevo aplazamiento, y para la concesión de permisos provisionales existían, al parecer, impedimentos legales. Asimelec celebrará el próximo día 30 una asamblea nacional para analizar el impacto negativo, a su juicio, de la implantación de esta normativa, así como el efecto que tendrán a partir del 12 de junio la entrada en vigor de los decretos sobre televisores y sobre equipos móviles terrestres de radiocomunicación.El decreto de homologación entró inicialmente en vigor el pasado 28 de noviembre. Al día siguiente fue prorrogado por seis meses ante las presiones del sector, que consideraba insuficientes los cuatro meses con que habían contado para presentar sus proyectos. Este decreto supone la incorporación de las normas técnicas y de calidad española, pero también un mecanismo de defensa de la producción nacional similar al que existe en otros países europeos.
Las normas técnicas aprovechan los resquicios de las reglamentaciones comunitarias para intentar potenciar la fabricación nacional ante la enorme dependencia extranjera. España gasta anualmente unos 250.000 millones en comprar ordenadores extranjeros, la mayoría estadounidenses y japoneses.
