Siete sindicatos policiales piden al Defensor del Pueblo, que recurra el plan de productividad

Siete sindicatos policiales, que en su totalidad engloban a más del 65% de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía, han solicitado al Defensor del Pueblo que recurra el plan de productividad puesto en marcha experimentalmente en la I Región Policial (Madrid, Avila, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo), con la posibilidad de su extensión a toda España por considerarlo "inconstitucional". Este plan prevé 12 intervenciones diarias por patrulla y un mayor control del tráfico de estupefacientes, entre otras cuestiones. Los siete sindicatos celebrarán mañana una asamblea en Madrid para informar a sus bases.

Los sindicatos firmantes del escrito enviado al Defensor del Pueblo -Sindicato Unificado de Policía, Sindicato Profesional de Policía, Unión Sindical de Policía, Plataforma Unitaria de Policía, Asociación Nacional de Policía Uniformada, Asociación Sindical Independiente de Policía y Sindicato Profesional de Policía Uniformada- consideran que el citado plan, además de contar con puntos "intolerables e insostenibles", constituye "una acción lesiva contra el ciudadano y una preocupante regresión al concepto de orden público", "incompatible con las premisas de un Estado democrático".Los sindicatos consideran que con el plan no aumenta la eficacia policial, "dado que en un Estado de derecho existe un sistema de garantías que exige el respeto a los derechos y libertades y la persecución selectiva de los delitos". "Al exigírsele de forma compulsiva al profesional de policía la necesidad de justificar, a fin de no ser expedientado, un mínimo de 12 intervenciones diarias, su acción recae indistintamente sobre el conjunto de los ciudadanos, no sobre la masa delincuente", agregan. Esta obligación "da lugar a intervenciones que, en muchos casos, son auténticas detenciones ilegales; a una actuación represiva e indiscriminada de la policía con el ciudadano".

"En el citado plan se contempla la creación de un servicio de relaciones internas [a modo de brigada anticorrupción en el seno de la policía] con la finalidad de velar por la moralidad de la conducta personal". Los sindicatos consideran que "dicha figura de moralidad funcionarial no es objetiva, por lo que en la práctica se instrumentaliza esta vía como auténtico mecanismo sancionador". No obstante, los sindicatos defienden "la transparencia de un Estado de derecho a fin de erradicar los supuestos casos de corrupción en la policía".

Otro aspecto del plan de presencia policial de la Jefatura Superior de Policía de Madrid -cuyo titular es Antonio Garrido- que critican los sindicatos hace referencia al "control y vigilancia de grupos nacionales étnicos sospechosos de dedicarse al tráfico de estupefacientes".