La política gubernamental contraterrorista

La política contraterrorista que viene aplicando el Gobierno socialista desde diciembre de 1982 ha supuesto, en primera instancia, un cambio en el signo de la lucha del Estado contra la amenaza que para las libertades supone la violencia terrorista. A lo largo de estos tres años y medio, la actuación gubernamental en este aspecto ha permitido llevar la iniciativa en la mayor parte de los supuestos, así como el incremento de la presencia de las instituciones en la comunidad autónoma vasca, donde el terrorismo etarra mantiene aún mayor actividad.Las limitaciones de ETA

Junto a estos dos aspectos y fruto de la referida política contraterrorista, se puede señalar la notable reducción experimentada por las diferentes bandas terroristas que venían actuando con anterioridad a diciembre de 1982. Así, hoy, en la práctica, la violencia terrorista es ejercida únicamente por la denominada ETAm y, aun así, su actividad se ve cada vez más limitada por una también cada vez más eficaz actuación de los cuerpos de seguridad.

La política gubernamental en la lucha contra el terrorismo puede centrarse en los siguientes tres frentes de actuación:

1. Actuación policial. Se ha creado una infraestructura de información que permite a los cuerpos de seguridad un mejor conocimiento tanto de la organización interna de los grupos terroristas como de las identidades y localización de sus miembros.

Junto a ello, se ha dotado a los cuerpos de seguridad de los precisos elementos técnicos y humanos para permitirles, al mismo tiempo que unas mayores medidas de autoprotección, una mayor capacidad de actuación.

Así, se ha logrado el desmantelamiento, de numerosos grupos armados integrados tanto por miembros de las bandas terroristas residentes en el interior de España como en el sur de Francia.

De otra parte, la información obtenida por los servicios policiales ha evitado la consumación de gran número de acciones criminales previstas por las bandas terroristas.

2. Relaciones internacionales. La cada vez más notable presencia española en los foros internacionales, la intensificación de las relaciones que el Gobierno de la nación mantiene con los Gobiernos de la totalidad de los países democráticos han permitido extender la concienciación del problema terrorista como una amenaza internacional para todos los países libres del mundo.

En este marco de relaciones internacionales, los contactos mantenidos con el gobierno francés, han. cobrado especial relieve, dada la circunstancia de que es en el sur del país vecino donde encuentran refugio los activistas de las bandas criminales que cometen sus acciones en el interior del país, regresando posteriormente a sus habituales refugios al otro lado de la frontera.

El establecimiento en el verano de 1984 de lo que se han denominado acuerdos de la Castellana entre los ministros del Interior de Francia y España supuso el punto de inflexión de la que hasta entonces venía constituyendo una manifiesta impunidad para el movimiento de estas bandas terroristas en torno a la frontera hispano-francesa.

A partir de estos acuerdos, la colaboración entre Francia y España en la lucha contra el terrorismo de ETA se ha venido incrementando hasta lograrse lo que políticamente ha supuesto el golpe más claro contra la referida impunidad de ETA en Francia: la extradición de algunos de sus miembros y la calificación de la citada organización terrorista por los tribunales de justicia de la República Francesa como "asociación de malhechores".

En este mismo marco de colaboración ha sido posible, si no acabar definitivamente, sí dificultar seriamente una de las modalidades de violencia que venía ejerciendo impunemente el terrorismo etarra: el cobro del denominado impuesto revolucionario.

En este proceso de colaboración, una de las últimas medidas puestas en práctica por el Gobierno francés está permitiendo la expulsión de su territorio a terceros países de destacados miembros de las bandas terroristas de ETA, en cumplimiento de uno de los compromisos asumidos por las autoridades galas en los referidos acuerdos de la Castellana, en los que el Gobierno francés señalaba textualmente que "un terrorista no puede ser un refugiado político".

Colaboración con Francia

Aun cuando esta colaboración entre Francia y España ha supuesto la principal novedad en las relaciones entre los dos países en el campo de la lucha contra el terrorismo, la predisposición favorable a esta lucha en común, iniciada por el anterior Gobierno socialista galo, parece que se verá mantenida e incluso incrementada de acuerdo con los contactos ya establecidos por el Gobierno español con la nueva Administración política del país vecino.

3. Reinserción social. Los logros obtenidos en la aplicación de las medidas señaladas en los dos apartados anteriores han permitido al Gobierno español completar el diseño de su lucha contraterrorista con la apertura de vías de reinserción en la democracia española para aquellos que abandonan la violencia y acuerdan actuar conforme al régimen jurídico vigente.

Este tercer aspecto de actuación ha permitido, hasta el momento presente, el regreso a su país de más de un centenar y medio de ciudadanos españoles vinculados en uno u otro grado con la actividad terrorista de las bandas de ETA.

Entre estos reinsertados figuran algunos históricos terroristas etarras, cuya decisión ha supuesto un notable resquebrajamiento interno en la organización terrorista.

La lucha contra el terrorismo no es fácil y, desgraciadamente, al carecer de una solución rápida o repentina, requiere grandes dosis de esfuerzo tenaz y perseverante. Los atajos o caminos fáciles no existen.

La terapéutica que se viene aplicando, con la suma de los elementos indicados, es adecuada y también se está mostrando eficaz, pero es esencial, para que continúe la reducción del fenómeno hasta su deseable extinción, no cejar en la aplicación de la misma e intensificarla en la medida en que sea posible.