Oleada de conflictos en el sector público en vísperas electorales

El sector público, se ha convertido en el centro de la conflictividad laboral a medida que se acerca la fecha de las elecciones legislativas, el próximo 22 de junio. Con la huelga de puertos, que ayer entró en su tercer día, convergen las de los subinspectores fiscales, de los profesionales del Instituto Nacional de Estadística y la amenaza de nuevos paros de los pilotos de Iberia. La reunión que celebraron ayer la compañía aérea y el sindicato de pilotos finalizó sin acuerdo, por lo que se mantiene la convocatoria de huelga. Se trata, en todos los casos, de pequeños colectivos -en total, de menos de 15.000 personas-, que, sin embargo, pueden paralizar servicios de excepcional dimensión social y económica. Paralelamente, un millón de usuarios se vieron afectados ayer en Barcelona por la huelga de autobuses y metro.

La reunión que ayer mantenían representantes del sindicato de pilotos, SEPLA, y de la compañía Iberia, finalizó sin acuerdo. Aunque fuentes de Iberia no descartaron próximos encuentros, la huelga prevista para los próximos días 29 y 30 no ha sido desconvocada. El conflicto se basa en el sistema de compensación por los períodos de descanso no realizados por los pilotos. Iberia ha propuesto que un árbitro medie en el conflicto fijando las condiciones en que habrá de evaluarse el pago de los tiempos de descanso entre vuelos. Ayer se aprobó en referéndum el convenio del personal de tierra de Iberia.El conflicto portuario, por su lado, acarreará pérdidas directas de unos 4.000 millones de pesetas. Pero, teniendo en cuenta que la paralización de los muelles bloquea también otros sectores del transporte -almacenes, ferrocarril, envíos internos-, el coste real de la huelga para el conjunto de la economía puede situarse en, tomo a los 25.000 millones de pesetas, según estimaciones de la Asociación de Navieros Españoles.

En Barcelona, por otra parte, se produjo ayer un auténtico caos urbano, a consecuencia de la huelga de autobuses y metro, que afectó a un millón de usuarios. Al mismo tiempo, la huelga del personal contratado del Instituto Nacional de Estadística, que coincide con la que llevan a cabo los subinspectores de Hacienda, impide la toma de datos de los diferentes estudios que realiza el instituto, entre ellos, el índice de precios al consumo.

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