Administración y clubes, de espaldas a los jugadores

La necesaria evolución del fútbol debida a su crisis nos hizo albergar a todos esperanzas de cambio con urgencia. Se inició el mandato socialista con una situación económica ruinosa y legislativamente obsoleta. Tan dramática era, que AFE se vio obligada a convocar una huelga en septiembre de 1984 con unas reivindicaciones básicas: un nuevo decreto para la regulación laboral entre deportistas y clubes, que vio su luz con la urgencia de las presiones en junio de 1985; inclusión de los futbolistas en el régimen general de la Seguridad Social, todavía incomprensiblemente no llevada a efecto; y la admisión como rentas irregulares de una parte de los ingresos de los futbolistas, en función de la brevedad de su profesión, y rechazado irracionalmente.Independientemente de estas reivindicaciones, la. huelga supuso un salto cualitativo fundamental: la separación del fútbol profesional del aficionado por medio de los acuerdos entre la AFE y la Liga Nacional del Fútbol Profesional (LNFP). Tan importante fue que hoy, dos años más tarde, todo el mundo lo considera normal e imprescindible, pero en su momento encontró la más radical oposición, y sólo gracias a la actitud del entonces presidente de la LNFP, Manuel Vega Arango, y de Joan Gaspart, miembro del comité ejecutivo, se firmó el acuerdo que posteriormente les costaría los cargos que ocupaban.

Una vez más, el tiempo ha demostrado que los acuerdos se firman para incumplirlos, y en, este caso fue la misma Administración la que, contradiciendo sus planteamientos, permite y opta por una negociación de convenio para sanear los clubes de fútbol marginando a la AFE y a los trabajadores.

Como punto de partida, la Administración aceptó el hecho en sí de la deuda, sin indagar en las posibles responsabilidades de los que la produjeron, a cambio de establecer un plan de saneamiento con unas fechas concretas, que teóricamente evitaría en el futuro el descontrol y la crisis actual y paralelamente establecería el marco laboral entre clubes y jugadores que evitase la conflictividad.

Varios meses más tarde de la firma, estoy contemplando con estupor la actuación de unos y otros, que más parecen encaminados a realizar acciones puntuales presionados por la urgencia que a trabajar con firmeza para que la transparencia y el control sean una realidad.

Me refiero a urgencias como la de Antonio Baró, actual presidente de la LNFP, presionado por un colectivo que no está dispuesto a aceptar controles y responsabilidades personales y que le exigía una prueba palpable de la llegada de dinero, y por la Administración, representada por Romà Cuyàs, con la urgencia de unas elecciones en puertas en las que, global y personalmente, se tiene que vender el saneamiento del fútbol, y nada mejor que con una tarjeta de presentación de tranquilidad, ya que todos siguen y todos están contentos, aunque su actuación mantenga y dilate los problemas.

Segunda División B

La LNFP decidió unilateralmente la reestructuración de la Segunda División B, incumpliendo los acuerdos firmados en el Consejo Superior de Deportes (CSD), en septiembre de 1984, por los que se debía formar una comisión de análisis que ofreciera alternativas y cuyas conclusiones estuvieran terminadas antes del 15 de junio de 1985.

Como consecuencia de ese incumplimiento se va a producir el descenso de 26 equipos sin que exista un análisis previo que vaya más allá de la demagógica utilización de los déficit de los clubes y que, según datos de la LNFP, alcanza los 2.655 millones por parte de los 40 clubes de Segunda División B, lo qué supone un 14,6 del coste total de la financiación del saneamiento, en contraposición al 79% que supondrá la financiación del saneamiento de los 14.355 millones de la deuda de los 18 equipos de Primera División.

La reducción y posible pérdida de puestos de trabajo se ha convertido en la ofrenda que la poderosa Primera División ha presentado al CSD y a la opinión pública como garantía de soluciones a la crisis de los clubes, y todo ello con el consentimiento de una Administración pendiente de salvar la imagen cuando su obligación es potenciar el fútbol en la base, y una fórmula válida es apoyar económicamente a estos equipos de Segunda División B, que mantienen en ciudades pequeñas un espectáculo deportivo y fomentan la cantera.

La decisión tomada se agrava más si cabe por los reiterados incumplimientos del Ministerio de Trabajo y del secretario general de la Seguridad Social, Luis García de Blas, para el ingreso de los futbolistas en el régimen general que les permitiría acceder al desempleo a todos los que se quedan sin puestos de trabajo.

AFE espera y desea que el trato de engaño continuo que sufren los trabajadores del fútbol no sea una constante en la actuación de dicho ministerio.

Convenio colectivo

En la negociación del convenio colectivo, la actuación de la LNFP no puede ser más deplorable. La esperanza de solucionar las discrepancias por el diálogo se encuentra continuamente boicoteada por la actitud y actuación de unas personas que, incluso en presencia del secretario de Estado para el Deporte, han manifestado sus intenciones de frenar cualquier avance en la negociación.

En septiembre de 1983, AFE estaba dispuesta a negociar las prórrogas de los contratos hasta por tres años y exigía la creación de un fondo de garantía acordado con Pablo Porta en 1980, e incumplido, por el que se garantizaría el pago a los jugadores. La LNFP se negó en rotundo, por lo que AFE acudió a los tribunales consiguiendo que desaparecieran las prórrogas.

En junio de 1985, la LNFP acuerda unas indemnizaciones de formación y promoción ante la inminente salida del real decreto de 26 de junio de 1985. Dichas indemnizaciones son unas prórrogas encubiertas, como posteriormente volverá a dictaminar el juez, que priva a muchos jugadores de la posibilidad de contratar por otros equipos, lo que conduce a situaciones tan curiosas como las cantidades pagadas de club a club por jugadores que terminaban contrato.

AFE tuvo que volver a los tribunales nuevamente, obteniendo dos sentencias favorables en Magistratura y en el Tribunal Central de Trabajo por las que se les indica a los clubes, entre otras cosas, que los acuerdos de indemnización de formación y promoción son inaplicables, violan la legislación vigente, coartan la libertad de contratación y violan el principio de libre elección de empleo proclamado en el artículo 35.1 de la Constitución.

Tan clara y racional sentencia, que rechaza las actuaciones pasadas e indica los cauces a seguir, no es freno para que el colectivo de la LNFP dilate las negociaciones de convenio colectivo con manifiesta irresponsabilidad y con la finalidad de llegar al final de temporada sin acuerdos.

Estas actitudes se dan con el beneplácito de una Administración que incomprensiblemente concede 600 millones de pesetas de subvención, sin garantizar el pago a los jugadores, a unos clubes que pagan importantes sumas para fichar a futbolistas que terminan sus contratos esta temporada.

Estos dirigentes que incumplen sistemáticamente los acuerdos con AFE son los considerados por la Administración como únicos representantes válidos para sanear el fútbol.

Quisiera equivocarme, pero viendo la utilización política del fútbol y la actuación de una LNFP que ve cómo se hunde la quiniela, fruto de su propia huelga de calendario y de la falta de planificación global, le veo un futuro aciago.

Solamente el alto nivel profesional de los futbolistas, acompañado de buenos resultados deportivos, me hace prever la esperanza.