Seis policías, expedientados y suspendidos de empleo por supuesta implicación en atracos y tráfico de drogas
La Dirección General de la Policía (DGP), dependiente del Ministerio del Interior, ha suspendido de empleo y sueldo y ha abierto expediente disciplinario a seis miembros del Cuerpo Superior de Policía por supuestas implicaciones en atracos, venta de armas y tráfico de drogas. Los agentes de la seguridad referidos utilizaban a delincuentes comunes para realizar las labores sucias, según informaron fuentes policiales. Entre los actos delictivos en los que estos agentes figuran implicados se encuentra el atraco a una sucursal del Banco Español de Crédito (Banesto) en Madrid, realizado en enero de 1985, emi él que se obtuvo un botín de 1.200 millones de pesetas, según informaba el martes el semanario Cambio 16.
La Dirección General de la Policía, cuyo titular es Rafael del Río, ordenó el martes pasado la apertura de un ex- ediente discipplinario contra Francisco Javier Fernández Álvarez, de 39 años, comisario jefe de la Brigada Regional de Policía Judicial de Bilbao; Miguel Ángel Bercianos Torres, de 35 años, inspector de primera, jefe del Grupo Antiatracos de Bilbao; Victoriano Gutiérrez Lobo, de 35 años, inspector de prirnera, jefe del Grupo Antiatracos número 1 de la Brigada de Policía Judicial de Madrid; Antortio Caro Fontanillo, de 35 años, ex jefe del Grupo Antiatracos de Santander y actualmente destinado en Gerona; Adelardo Rafael Martínez García, de 37 años, inspector de primera de la Brigada Central de Policía Judicial de Madrid; y Rafael Jaime Portela, de 34 años, inspector de prirnera, adscrito al Grupo Antiatracos de Madrid.La dirección general ha nombrado a un instructor -cuyo nombre se mantiene en secreto y que tiene el cargo de comisario-, para que en el plazo de 45 días elabore una información sobre esta supuesta implicación delictiva. Sin embargo, la información no se hará pública hasta que dicte resolución el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Sairitander, Javier Cruzado Díaz, quien realiza las diligencias previas del sumario abierto sobre el caso. El titular del juzgado se negó ayer- a realizar comentarios sobre el asunto, al considerar secreto el sumario.
Fuentes policiales señalaron que la investigación partió de funcionarios de los propios cuerpos de seguridad, que denunciaron a alguno de los policías señalados a la vista del tren de vida que llevaban, superior a las posibilidades de su sueldo. Dichos policías informaron al juzgado y a la propia dirección general.
Sin embargo, el semanario Cambio 16, en su edición del martes, señala que la denuncia de la supuesta implicación partió inicialmente de un joyero santanderino, Federico Venero Hierro, quien fue acusado por miembros de la Brigada de Policía Judicial de Santander de tráfico de cocaína. El joyero fue trasladado en diciembre de 1985 a presencia judicial y allí declaró que el delito que le imputaban lo cometió al ser coaccionado por varios policías, que al parecer dirigían a bandas de delincuentes que trabajabar para ellos. Incluso, el joyero denunció ante el juez que el inspector Miguel Ángel Bercianos le amenazó apuntándole con una pistola en la cabeza si se negaba a colaborar.
Fuentes policiales informaron ayer que la Dirección de Personal de laDirección General de la Policía ordenó entonces a un Grupo de la Brigada de Información Interior, depiendiente de la Comisaría General de Información, que investigara el asunto. Sé hicieron cargo de la tarea cuatro subcomisarios de la citada brigada, con el comisario Alberto Pérez Cayuela al mando, según fuentes policiales.
En el plazo de cuatro meses, la investigación realizada por estos funcionarios confirmó la supuesta implicación de los policías referidos en el atraco a la sucursal de la plaza de la Lealtad de Madrid del Banco Español de Crédito, donde fueron desvalijadas 71 cajas de caudales -con dinero y joyas en su interior- y se obtuvo un botín de 1.200 millones.
Según Cambio 16, estos funcionarios están supuestamente implicados también en tráfico de drogas y de armas. Federico Venero, joyero de Santander, afirmó ante el juez que los policías le mandaron entregar armas en varias ocasiones a diversas bandas de atracadores. Cuatro de los seis miembros del Cuerpo Superior de Policía suspendidos de empleo y sueldo por la dirección general -Javier Fernández, Victoriano Gutiérrez, Adelardo Martínez y Rafael Jaime- coincidieron en su destino en Madrid en 1982.
Detención de más implicados
Fuentes policial es señalaron ayer que la publicación de los primeros datos ha impedido la detención de nuevos implicados, algunos de ellos pertenecientes a los cuerpos de seguridad. Las mismas fuentes añadieron que no se descartaban nuevas detenciones, aunque algunos otros supuestos culpables hayan tenido tiempo de eliminar pruebas acusatorias.
Miguel Martín Pedraz, presidente del Sindicato Profesional de Policía, al que pertenecen cinco de los seis miembros del Cuerpo Superior expedientados -todos excepto Bercianos-, declaró ayer: "Si se demuestra que los acusados son responsables de algún delito, somos los primeros en desear que carga sobre ellos el peso de la ley".
La Plataforma Unitaria de Policías (PUP), sindicato del Cuerpo Superior de Policía, hizo pública ayer una nota en la que señala su "total condena de las actividades presuntamente desarrolladas por funcionarios en activo de la policía e insta y exige al Ministerio del Interior para que se adopten las medidas legales oportunas, así como para que llegue en la investigación con todas sus consecuencias hasta el fondo de los hechos".
