Un sueño casi cumplido

EL GOBIERNO ha decidido la celebración de las elecciones legislativas para el próximo 22 de junio. Se despeja así la incógnita que se había mantenido durante semanas y en la que se jugaba con el dilema de cumplir hasta su mismo término la legislatura -sueño dorado, y ya no cumplido, aunque por pocos meses, del presidente- o de aprovechar, en una operación más pragmática, las circunstancias económicas, políticas y sociales que favorecen actualmente al triunfo del partido socialista.Sea o no cierto que en la decisión hayan pesado los argumentos del ministro de Hacienda, la coyuntura económica, ahora favorable, no parece, sin embargo, muy sólida, y acontecimientos de distinto orden podrían deteriorarla en los próximos meses. Internacionalmente, la baja de los precios del crudo -con su repercusión en los de, la gasolina, favorable al consumidor-, las nuevas tarifas del gas argelino y la relativa estabilidad del dólar en una cotización moderada contribuyen a conservar la inflación en límites aceptables y permitir, en consecuencia, una política económica más expansiva. Hay más dinero en la calle, y más optimismo consumista. Por lo demás, aunque se niegue hasta ahora la posibilidad de una devaluación de la peseta, nadie ignora la importancia de nuestro comercio con Francia y la influencia que la depreciación del franco puede tener a medio plazo sobre la competitividad de nuestras exportaciones, que se verán negativamente afectadas.

Paralelamente, conflictos sociales de gran repercusión popular, como los producidos en Renfe, Iberia o en el abastecimiento de gasolina pueden recrudecerse en otoño, en perjuicio del Gobierno. Finalmente, para la elaboración de los presupuestos estatales correspondientes a 1987 resulta más funcional haber saldado el proceso electoral y contar ya con el Gobierno que efectivamente administrará los fondos. Otras razones de economía menor han ayudado a Felipe González a tomar su decisión: hacer coincidir las legislativas con las elecciones autonómicas de la comunidad andaluza supone por sí solo un ahorro de entre 300 y 500 millones de pesetas a cada partido.

Pero desde luego es la política, y no la economía, lo que fundamentalmente subyace detrás de todo esto. En pocas ocasiones como la actual ha podido encontrar el partido gobernante rivales de tan flaca envergadura y mermadas fuerzas como ahora se le enfrentan. La izquierda comunista se halla en una situación de división y debilidad difíciles de superar en el breve plazo que le marca el Gobierno. La unificación de los comunistas y la creación de plataformas progresistas al amparo de la vitalización que habían logrado en la campaña del referéndum de la OTAN se verán obstaculizadas por el apremio de las fechas y su casi obligada improvisación. Respecto a las fuerzas políticas de centro puede hacerse un diagnóstico desolador. Suárez permanece ausente, encapsulado en su silencio y paralizado por la incapacidad económica de un partido cada vez más fantasmal. La operación Roca apenas ha trascendido de sus características de proyecto, y no podrá utilizar ya las elecciones andaluzas como primarias para evaluar su fuerza. Ni unos ni otros parecen, hoy por hoy, sectores que puedan inquietar al PSOE. Pujol es un hombre acosado hoy por el tema de Banca Catalana, y el PNV, aunque sus expectativas sigan siendo óptimas en Euskadi, permanece escindido entre los partidarios de la actual dirección y los del anterior lendakari.

Tampoco de la oposición principal que deriva de Coalición Popular pueden temer gran cosa los socialistas. Sus actitudes políticas en el último tramo de la legislatura han sido especialmente torpes, como la que adoptaron en el referéndum, y sus divisiones internas se han vuelto a patentizar con ocasión del conflicto libio-norteamericano. El proyecto de presentar una moción de censura contra el Gobierno, que auspiciaba Alianza Popular para estas fechas y al que se oponen democristianos y liberales, queda como punto final de esas disensiones, tácitas y expresas. Suponer que la coalición, pese a los innegables errores de sus adversarios, haya ganado significativamente terreno desde octubre de 1982 es aventurado. Y aun si hay que reconocerle a Fraga su capacidad de corredor de fondo en esta carrera de la política y sus muchos méritos a la hora de incorporar al arco constitucional sectores dudosamente democráticos, su propio liderazgo es contradictorio: por un lado, es el más fuerte de cuantos se encuentran en la derecha; por otro, el rechazo que suscita en amplios sectores potenciales de esa misma derecha genera un techo en sus oportunidades electorales.

Las últimas encuestas gubernamentales dan al PSOE un apoyo equivalente al de las pasadas elecciones, y esto es desde luego, y en definitiva, lo que ha llevado a la convocatoria. Sólo más erosión y ataques, y nada sustantivo, iba a obtener Felipe González en los próximos meses. La pretensión de que la medida se toma atendiendo a los intereses generales del país es del todo ingenua. No negamos la utilidad de concentrar el calendario electoral, pero no puede negar el Gobierno que esta concentración la hace hoy -a base de llevar el agua a su molino.

Un balance de urgencia

Si de esta legislatura se hiciera un balance, habría que destacar la acción legislativa en asuntos capitales para la modernización y democratización del sistema y, casi de inmediato, subrayar el fracaso del partido socialista para comunicarse con la sociedad. Como mayores y mejores triunfos pueden anotarse la estabilidad democrática -ahuyentando los temores de un nuevo golpe militar-, el ingreso en la Comunidad Europea, el -cumplimiento del compromiso sobre el referéndum de la OTAN -aunque cambiara el posicionamiento de fondo del Gobierno- y un programa de saneamiento económico que sería injusto no valorar, pero por el que se ha pagado un precio social muy elevado. En este sentido, el imparable crecimiento del desempleo -600.000 parados más frente a la famosa promesa de los 800.000 nuevos puestos de trabajo- y la ausencia de una verdadera reforma de la Administración que democratizara el Estado, son los dos principales fracasos de Felipe González. Una política tímida en la defensa de las libertades y un abuso de la veneración al poder del Estado y sus símbolos desdicen tambien del cambio prometido.

Leyes interesantes para la reforma de la justicia, la militar o la educativa, no han servido hasta ahora para que la Administración funcione efectivamente mejor en esos terrenos. Otras tareas, como la reforma de la sanidad, son un fracaso casi rotundo. Sus deficiencias se compadecen con el talante que inspiró y amparó la despenalización del aborto, ejemplo de medrosidad. También la política autonómica, con los desaforados intentos por hacer progresar la LOAPA -finalmente declarada anticonstitucional-, la pretensión de obstaculizar las televisiones vasca y catalana y la negligencia en encontrar una solución duradera para la financiación de las autonomías son muestras de lo poco que se ha avanzado en algunos terrenos.

Partiendo del patrimonio electoral, del que no se ha cansado de hacer gala el Gobierno al cabo de su primera legislatura, los socialistas han perdido credibilidad en sus impulsos de trasformación social y se han consolidado, en cambio, como eficaces gestores del Estado. La política económica de ajuste ha deteriorado el nivel real de los salarios, y -no sólo, pero sí decisivamente- lo que se tiene como un giro milagroso en la coyuntura internacional permite esperar cambios positivos para los trabajadores. La expropiación de Rumasa -que desde el principio adquirió tintes un tanto demagógicos- no ha hecho disminuir el aprecio de los sectores bancarios y de los negocios por este Gobierno, mientras que las protestas en la calle de las clases más desfavorecidas han sido el contrapunto a una operación de reestructuración económica dolorosa, aunque probablemente necesaria. En general, la dirección socialista ha repetido intentos de control sobre el sindicato más afín, y no ha dudado en maniobras de prepotencia, de las que no se ha librado la sociedad entera, para reducir la libertad crítica dentro de su mismo partido. Los afiliados al PSOE no han aumentado, y en algo debe influir la pérdida de participación y dinamismo que padece.

En otros ámbitos, el problema de la seguridad ciudadana permanece igual, aunque psicológicamente los españoles nos hayamos acostumbrado a convivir con él, pero se han dado pasos considerables en el combate contra el terrorismo, gracias sobre todo a la colaboración prestada por Francia y al acuerdo parlamentario en Euskadi entre socialistas y el PNV, que facilitó un giro del Gobierno autónomo de Vitoria. No obstante, la aparición de los GAL planea como una siniestra sombra sobre el aparato del Estado; de las acciones de esta banda terrorista sólo se ha recolectado más sangre. Y también más dudas sobre la legitimidad del poder. Pendiente queda, una explicación cabal de esos sospechosos lazos que empañan la credibilidad moral del Estado.

Hay otras cosas meritorias que pueden ser anotadas: con la convocatoria anunciada para el 22 de junio y la pronta disolución de las Cortes se ha cumplido casi todo el tiempo de legislatura -acortada en dos y un año respectivamente con los Gobiernos de UCD-, y en ella se ha promulgado gran parte del paquete de normas que formaban el programa electoral. Quedan entre otras sin cumplir la ley que regula las elecciones al Parlamento Europeo, lo que impedirá que en esta misma consulta se elija a esos representantes para 1987, y la que permita las televisiones privadas -pese a reiteradas y explícitas promesas en ese sentido del propio presidente del Gobierno-. Ausencia esta que es imposible no relacionar con el importante instrumento de propaganda que el Ejecutivo, cuando lo quiere, suele encontrar en la televisión pública. A este borrón del partido socialista en política de comunicaciones hay que agregarle una actitud contradictoria en materia de libertad de expresión: por un lado, el Gobierno liquidó la mayor parte de los diarios de propiedad estatal, lo que fue digno de aplauso. Por otro, ha multiplicado los intentos para desalentar la crítica desde la radio y la Prensa, y ha prodigado sus ataques contra los medios y sus profesionales.

Ocasión habrá de realizar un balance más detenido de lo que han sido cuatro años importantes en la nueva historia de España y en cuya peripecia hacia la estabilidad política ha contribuido decisivamente el marcado deseo del pueblo español. Algunos de los triunfos de este Gobierno no pertenecen tanto a él como a esa voluntad patente de los españoles por lograr una estabilidad política en el seno de la libertad. El PSOE lo inscribirá en sus libros. Pero de ningún modo la justicia de la historia arrebatará la responsabilidad de semejante éxito a la entereza de este pueblo y a la solidaridad de sus ciudadanos, dueños ellos, hasta ahora por mayoría, de los votos que llevaron a Felipe González al poder, y no dueños los socialistas -como a veces han querido insinuar- de la voluntad de sus electores.