La ley de la televisión privada permitirá emisiones regionales

El proyecto de ley que permitirá el funcionamiento de la televisión privada en España regulará el funcionamiento de emisiones limitadas a un ámbito geográfico inferior al conjunto del territorio nacional según reconoció ayer el presidente del Gobierno, Felipe González, a preguntas de EL PAÍS, al término de la entrevista que le hicieron los directores de tres periódicos latinoamericanos en el nuevo programa de Radio Exterior de España Matinal América.

Hasta ahora, ningún miembro del Gobierno había dado crédito públicamente a esta posibilidad. Los comentarios oficiales se habían referido a la autorización de canales nacionales hasta el Consejo de Ministros que examinó el borrador del proyecto de ley el pasado 14 de febrero.El presidente del Gobierno señaló que la preparación del proyecto de ley se encuentra "bastante madura" y admitió que, "posiblemente", será abordado en el Consejo de Ministros que se celebrará el próximo viernes, si bien rehuyó cualquier afirmación que representase un compromiso de que vaya a ser aprobado esta semana. "Todavía quiero realizar un par de consultas que tengo pendientes" apostilló.

Felipe González, que mostraba un intenso bronceado tras sus vacaciones en el coto de Doñana, dijo antes de abandonar Prado del Rey que "no es bueno que se produzca una dispersión en el número de empresas" autorizadas a emitir por televisión y comentó que "en Italia ya están de regreso" del fenómeno de la proliferación de emisoras privadas de televisión.

Preguntado acerca de si el Gobierno español se adelantará, con una regulación legal, a una situación de esas características, González afirmó que "esa regulación se hará" e incluso apuntó que puede existir no sólo el derecho, sino "el imperativo" de que las emisoras regionales tengan una vinculación con una red nacional. Dicha indicación sugiere que el Gobierno desea provocar el agrupamiento de emisoras y empresas.

El proyecto de ley, ya sea aprobado en el próximo Consejo de Ministros o en uno posterior, será previsiblemente tramitado por el procedimiento de urgencia, a petición del Gobierno, dado el poco tiempo de que dispone el Parlamento para debatir la ley y enviarla al Boletín Oficial del Estado antes de que sean disueltas las Cámaras por extinción de la legislatura.

El presente período de sesiones terminará el próximo mes de junio, salvo que sea habilitado el mes de julio, y la actividad parlamentaria no será reanudada hasta septiembre.

La intención del Gobierno es que el proyecto que remita al Congreso de los Diputados no tenga rango de ley orgánica.

El hecho de que la aprobación del proyecto se haya retrasado tanto, después de un primer examen antes de que comenzase la campaña del referéndum sobre la permanencia o no de España en la OTAN, parece deberse tanto a algunas discrepancias surgidas en el seno del Gabinete ante el primer borrador como a la complejidad de las cuestiones jurídicas y técnicas que debe abordar.