El sindicato agrario alavés estudia la expulsión de 40 remolacheros
Unos 40 agricultores dedicados al cultivo de la remolacha en Álava pueden ser expulsados del sindicato agrario Unión de Agricultores y Ganaderos de Álava (UAGA), el único de la provincia, si se consuma la decisión de apartar de la organización a todos los afiliados que contraten su producción fuera del sindicato. Este acuerdo ha sido respaldado por la asamblea anual del sindicato.La provincia de Álava cuenta en la actualidad con un censo de 600 productores de remolacha, divididos en dos asociaciones, la UAGA y la Asociación Provincial de Remolacheros de Álava (APRA), surgida hace dos años en torno a dirigentes del sector remolachero del sindicato.
Tras consumarse la escisión, al menos 80 productores han mantenido la doble militancia en ambas organizaciones. De ellos, alrededor de 40 podrían resultar afectados por la decisión de la asamblea de la UAGA, según indicó el presidente del sindicato, Alfredo Montoya, a la vez máximo dirigente remolachero de la Unión.
"Nosotros entendemos que todo el que contrate producción de remolacha fuera de los cauces establecidos por el sindicato está realizando competencia sindical", precisó Montoya. Los otros 40 optarán por militar únicamente en UAGA.
Próximas movilizaciones
Cálculos aportados en la asamblea anual del sindicato indican que el 67% de los productores de remolacha de Álava está afiliado a UAGA, el 30% es afin a la línea de APRA y el resto funciona con carácter independiente, contratando la venta de la producción por su cuenta.En la campaña 1985-1986, el sector remolachero de la UAGA contrató con empresas azucareras más de 82.000 toneladas de producto, lo que supuso unos ingresos superiores a los 574 millones de pesetas.
En el curso de la asamblea anual, los afiliados a la UAGA (el sindicato tiene 2.000 asociados) ratificaron las propuestas efectuadas por la Coordinadora de Agricultores y Ganaderos de España (COAG), en la que está integrada la UAGA, para realizar movilizaciones el próximo mes de abril como respuesta a la actitud de la Administración central sobre el futuro del sector primario dentro de la Comunidad Europea.
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