Menos quejas para el Defensor del Pueblo

El defensor del Pueblo, Joaquín Ruiz-Giménez, presentará en breve ante las Cortes el informe anual sobre las tareas desarrolladas por la institución a lo largo de 1985. Según este informe, las quejas enviadas por los españoles al Defensor del Pueblo han descendido hasta las 17.000, frente a las 24.500 de 1984 y a las 30.700 recibidas en 1983, aunque todavía casi un 50% no son de su competencia. Tres años de funcionamiento no han despejado tampoco la duda que mantienen muchos ciudadanos respecto a la eficacia de esta institución.

Cuando Araceli Piquet, asistente social de Alcalá de Henares, en cuyo Ayuntamiento trabaja como secretaria, recibió una llamada de respuesta desde la sede del Defensor del Pueblo, no podía creerse que su suerte fuera tanta. "Es que me contestaron casi en el mismo día", dice. "Yo me dirigí al Defensor para que solucionara la situación de unos jóvenes condenados por tráfico de drogas a quienes se metía en la cárcel después de que hubieran logrado rehacer sus vidas, a los tres o cuatro años de producirse el delito". Se trataba, según recuerda Araceli Piquet de jóvenes camellos detenidos que, una vez en libertad provisional y con la ayuda de algunas personas, habían encontrado trabajo."En esas circustancias se celebra el juicio y, en ocasiones, se les condena, con lo que acaban en la cárcel y se trunca por completo el intento de reinserción social. Lo único que se puede hacer es solicitar un indulto individual", asegura Francisco González-Bueno, secretario general de una institución que, en opinión de buena parte de quienes trabajan en ella, crea falsas expectativas de actuación por tener un nombre quizás algo demagógico: Defensor del Pueblo.

"Yo les llevé tres casos de presos como el que he mencionado y los tres quedaron resueltos, en una semana. Por eso creo que es una institución maravillosa", concluye Araceli Piquet. No opina igual José Burillo, un aragonés de 53 años que viene litigando con la Administración para obtener una pensión de invalidez desde hace casi 25 años. "Yo no me quejo del Defensor del Pueblo", puntualiza Burillo, "todo lo que digo es que se tiene que mover con una burocracia tan tremenda como la española y eso le obliga también de alguna manera a ser burocrático". Burillo planteó en febrero de 1984 su caso al Defensor del Pueblo. "Un caso", insiste, "que estoy seguro de que será único en toda España. Porque a mí me concedieron en la República Democrática Alemana, donde me operaron a vida o muerte en 1958, la calificación de inválido total. Cuando regresé a España en 1962 quise hacer válida esta situación, dado que antes de viajar al extranjero -en España no había salida médica para mi problema-, yo tenía mi cartilla de la Seguridad Social. A partir de ese momento, se inició una batalla terrible sin que hasta hoy haya podido resolverla".

Burillo relata su largo calvario ante la Administración, "con Gobiernos de Franco, de la UCD y del PSOE", en el que está perfectamente engranado su recurso al Defensor del Pueblo. "La primera respuesta que recibí de esa institución, haciéndose eco de mi primera carta, fue en noviembre de 1984. Me dieron una respuesta definitiva hace unas dos semanas. Me escribieron para explicarme que no pueden hacer nada ya que mi expediente está pendiente del fallo de la Magistratura de Trabajo de Teruel. Por lo tanto, pienso seguir litigando".

Sólo ayudar

"La responsabilidad de arreglar las cosas es de la Administración, y no nuestra. Nosotros sólo podemos ayudar a que se resuelvan los problenias", puntualiza Álvaro Gil-Robles, adjunto primero al Defensor del Pueblo. De ahí que los datos más concretos a los que el informador puede tener acceso en relación con la labor del Defensor, es que el índice de causas o quejas tramitadas se aproxima al 80%. Y, desde luego, los trámites son largos y prolijos. Cartas que van y vienen con destino a los negociados más diversos de un entramado burocrático complejísimo. "La Administración tiene un plazo de 15 días para contestar" agrega González-Bueno que, junto a asesores, administrativos, personal auxiliar y subalterno forma un equipo de 75 personas instalado en el bello palacete de la madrileña calle de Eduardo Dato. "Pero lo cierto es", continúa, "que a veces transcurre más de un mes sin que hayamos recibido respuesta".A través de los miles de cartas y consultas directas, puede trazarse el perfil de la sociedad española que todavía es, "un pueblo indefenso, que se siente muchas veces oprimido, y sobre todo que se encuentra desinformado respecto de sus posibilidades de reaccionar ante una situación injusta, es gente un tanto despistada, con problemas personales en los que no podemos intervenir", opina otro de los miembros de la institución. "El caso más pintoresco", asegura, "es el de una señora de 92 años de edad que se vino en auto stop desde un pueblo de Ávila para pedir la mediación de Joaquín Ruiz-Giménez en un litigio privado, al parecer, tenía con una vecina que le echaba agua en el patio".

También haygente de buena fé, aseguran los funcionarios del la institución, que acude mal asesorada desde los ministerios de Trabajo o de Hacienda a pedir la intercesión del Defensor del Pueblo en temas que no son de su competencia.

Madrid, seguida muy de cerca por Cataluña, Castilla y León y Andalucía, son las comunidades que han hecho uso con más frecuencia de esta institución, cuyo porcentaje de litigios resueltos nadie se atreve a precisar. Lo que sí se deduce de los datos globales es que son los temas relativos a la Seguridad Social, al funcionariado y a la administración de Justicia los que más quebraderos de cabeza producen a los españoles.

Los asesores comentan en tono jocoso la cualidad "coloquial" de algunas consultas telefónicas o epistolares en las que se reclama la inmediata comparecencia de Joaquín Ruiz-Giménez, "Don Joaquín", como se le llama habitualmente. "Yo a veces pienso, recalca, Luis Sánchez, que la gente que llama debe creer que trabajamos todos alrededor de una mesa camilla, porque te preguntan: "Oiga, ¿es usted don Joaquín, No, pues póngame con él".