Racionalizar la decisión

Los españoles hemos sido llamados a pronunciarnos sobre un tema de vital importancia para el futuro político, económico y de defensa de nuestro país: la permanencia en la Alianza Atlántica o la salida de dicha organización.Sin entraren la polémica de si el camino elegido para adoptar tal decisión ha sido o no el más conveniente, no cabe duda de que en los momentos actuales las consecuencias de las dos alternativas entre las que hemos de elegir son: estar en la Alianza Atlántica con los países de la Comunidad Económica Europea -excepto Irlanda-, en la cual acabamos de entrar, y con Estados Unidos de América (USA), o estar ligados exclusivamente con USA mediante un tratado bilateral.

Es bien cierto que dentro de la Alianza Atlántica se puede estar de diferentes formas, pero con cualquiera de ellas se cumple el objetivo fundamental de estar en la Alianza. El estar España más o menos integrada en dicha organización constituye objetivo de segundo orden dentro del gran objetivo que es pertenecer a la OTAN.

Los ciudadanos españoles que prefieran que España esté en la Alianza deberían adoptar una decisión racional para conseguir lo que ellos realmente desean. Pudiera argumentarse que como la fórmula ofrecida para estar en la Alianza no es la que ellos realmente quieren, se abstienen de tomar la decisión, bien no votando o votando en blanco. Ahora bien, la consecuencia de tal decisión podría ser la salida de la Alianza, en contra precisamente de lo que ellos deseaban.

Objetivos y coste

Los economistas sabemos que los objetivos hay que conseguirlos con el menor coste posible. Si a causa de la abstención de los que consideran que la fórmula ofrecida para estar en la Alianza no es la óptima desde su punto de vista (opción que, por otra parte, es perfectamente legítima) y España tuviera que salirse de dicha organización, el coste que ello supondría sería enorme. En efecto, el día que gobernasen los partidarios de la integración total en la Alianza es evidente que después del referéndum ningún Gobierno democrático se atrevería a dar un giro tan fuerte sin someterlo previamente a nueva consulta directa al pueblo. En cambio, avanzar en el proceso de integración, estando ya dentro de la Alianza, sería factible de conseguir sin tener que acudir a un nuevo referéndum.Para los españoles que voten la no permanencia en la Alianza, si su opción es la ganadora, se van a encontrar que el resultado será cambiar el tratado de defensa con los países comunitarios y Estados Unidos de América por el actual tratado bilateral de defensa con uno solo de los miembros de Ia Alianza: Estados Unidos.

Parece difícil pensar que sea éste el objetivo que persiguen los que voten no en el referéndum. Algunos de los que defienden públicamente esta opción han expresado claramente que, con independencia del voto de castigo para el Gobierno, lo que realmente piensan es que a medio plazo el coste que tendrían que soportar para aislar a España del bloque de la defensa de Occidente sería mucho menor.

Esta opción, que es igualmente legítima, racionaliza su toma de decisión ante el referéndum, en tanto que aquellos que defienden la permanencia de España en la Alianza Atlántica, por cuestión de discrepancia en cuanto al grado de integración, no racionalizan su decisión con la abstención o el voto en blanco. Es cierto que proporcionan un voto de castigo al Gobierno como consecuencia de la discrepancia citada, pero al mismo tiempo, y ésta es la cuestión más importante, pueden dar el triunfo a la opción diametralmente opuesta al gran objetivo que en el fondo ellos defienden: permanecer en la Alianza Atlántica. Si éste es su verdadero objetivo, deben tornar la decisión racional para alcanzarlo votando sí en el referéndum, pues el triunfo no será del Gobierno, sino de todos los ciudadanos españoles que han votado dicha alternativa.