Querella por estafa en una urbanización de la localidad alicantina de San Juan

Los propietarios de 110 viviendas sociales de la urbanización Parque Ansaldo, de San Juan (Alicante), han solicitado de la Audiencia Territorial de Valencia la descalificación de las mismas porque no cumplen los mínimos de calidad y diseño establecidos por la ley. Los propietarios han presentado una querella por presuntos delitos de estafa y falsedad en documento público contra responsables del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU), del Instituto Nacional de la Vivienda y del Banco Hipotecario de España, ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante.

La urbanización tiene 612 viviendas, que empezaron a ser habitadas en 1980. Unas 200 están desocupadas, y otras tantas más fueron adquiridas por el MOPU en diciembre de 1982, a raíz del primer Consejo de Ministros del Gobierno socialista. La urbanización, con un presupuesto de 1.500 millones de pesetas, recibió en junio de 1982 la medalla y el diploma con mención de la Campaña Europea para el Renacimiento de la Ciudad, convocada por el Consejo de Europa para premiar los proyectos o realizaciones más destacados sobre la mejora del medio ambiente urbano. Ahora, los propietarios han acordado dirigirse al Consejo de Europa para que quede en suspenso este premio, otorgado a la promotora de viviendas, Viviendas Sociales Alicantinas, SA (Visoalsa), hasta tanto no se conozca el fallo de los tribunales.La acción judicial está dirigida por los letrados Carlos Vázquez Iruzubieta y Antonio Noguera Montejano. El expediente está tramitado en un 95%, acogiéndose a la justicia gratuita. Según portavoces de los afectados, un 40% de los propietarios de viviendas en Parque Ansaldo está en el paro, y el 60% restante gana menos de 60.000 pesetas mensuales en la mayoría de los casos. Las viviendas, de 76 metros cuadrados de superficie, tienen un coste medio de unos 2.500.000 pesetas.

Desde el pasado 10 de febrero, los afectados reclaman ante la Audiencia Territorial de Valencia la descalificación de sus viviendas y la resolución contractual, con reintegro de las cantidades entregadas por los propietarios, que oscilan entre las 600.000 pesetas y el millón, según los casos, devolviendo ellos las viviendas que ahora ocupan. La Audiencia ha citado ya a Visoalsa, a responsables del Banco Hipotecario de España y al conseller de Obras Públicas y Urbanismo de la Generalitat valenciana para que comparezcan en el contencioso-administrativo planteado.