Botha anuncia el levantamiento del estado de emergencia, vigente en Suráfrica desde julio

El presidente de Suráfrica, Pieter W. Botha, declaró ayer que su Gobierno ha decidido levantar el estado de emergencia impuesto en el país hace más de siete meses. Botha también fijó la fecha del 1 de agosto para aplicar el plan de las Naciones Unidas para la independencia de Namibia. Horas antes, la violencia política se hizo notar: una gran explosión hirió a dos policías en la comisaría central de Johanesburgo, una potente bomba dañó una estación eléctrica en Durban, y dos negros murieron en la provincia de Transvaal en choques con la policía.

En un discurso ante una sesión especial del Parlamento, en Ciudad del Cabo, Botha señaló que los disturbios continúan. "Pero la situación", señaló, "ha mejorado hasta el punto de permitirme informar que será dada a conocer una proclama, probablemente el viernes, que levantará el estado de emergencia en aquellos distritos donde todavía se sigue aplicando".Botha agregó que daba este paso "con la sincera creencia de que todos los surafricanos podrán resolver sus diferencias pacíficamente y mostrar una comprensión los unos hacia los otros".

El estado de emergencia se impuso el 21 de julio, en. medio de una oleada de enfrentamientos entre miembros de la comunidad negra y la policía. La violencia tenía algunas raíces en el aumento de los alquileres y el desencanto generalizado por la marginación política de la mayoría de color.

Más de 7.000 personas han sido detenidas desde la imposición del estado de emergencia y el Gobierno ha utilizado poderes especiales para suspender la legislación vigente y silenciar a los medios de comunicación. Pero, lejos de apaciguar las iras de la mayoría negra, las medidas de emergencia tuvieron el efecto de aumentar los disturbios raciales, con el resultado de que murieron 780 negros en enfrentamientos con la policía, según un instituto independiente de estudios raciales.

Sin embargo, al anunciar la, suspensión del estado de emergencia, Botha avisó que el Gobierno propondrá nuevas medidas durante los próximos meses con el fin de mantener la ley y el orden. En cuanto a su plan para un Consejo multirracial, agregó: "También he anunciado una base inequívoca sobre la cual todos los surafricanos que están en contra de la violencia pueden acudir a la mesa de negociaciones para llegar a un nuevo acuerdo constitucional para nuestro país".

No se hicieron esperar las reacciones al discurso de Botha. El portavoz de la Casa Blanca, Larry Speakes, se felicitó por la decisión de levantar el estado de emergencia y añadió que Washington había pedido dicha medida desde hace meses. "La medida constituye una de las condiciones necesarias para entablar negociaciones con los dirigentes negros a fin de conseguir reformas significativas y una reducción de la violencia", declaró. Sin embargo, para Belen Suzman, veterana diputada blanca en el Parlamento surafricano, la medida "no hace nada para resolver el problema fundamental" que causó los disturbios.

Botha fijó la fecha del 1 de agosto para la aplicación de la resolución 435 de las Naciones Unidas, que prevé la independencia de Namibia -territorio actualmente bajo administración surafricana- a través de elecciones generales organizadas por la ONU. Sin embargo, Botha, señaló que este plan sólo se llevará a cabo si se consigue "un acuerdo firme y satisfactorio antes de esa fecha para la salida de los cubanos de Angola". Soldados y consejeros cubanos apoyan al Gobierno marxista de Angola, lo que Pretoria considera como una situación perjudicial para sus intereses en la zona.

Observadores políticos opinaron que Botha se ha creado muchos problemas al ligar la independencia de Namibia con una retirada de los cubanos. La Organiza ción de los Pueblos del África del Suroeste (SWAPO), reconocida por la ONU como representación auténtica de Namibia, declaró ayer en Londres que la propuesta de Botha carece de sentido, y que es absurdo pasar la responsabilidad al Gobierno de Angola.

[Por otra parte, la organización Amnistía Internacional (Al) lanzó ayer una nueva campaña para acabar con lo que considera un aumento de las violaciones de los derechos humanos en Suráfrica, según informa la agencia Reuter. En una carta a Botha, Al afirma que los abusos han aumentado marcadamente a lo largo del pasado año. La organización se ha dirigido frecuentemente a Botha para denunciar las detenciones sin juicio de opositores políticos, la realización de procesos de dudosa legalidad, las torturas y la aplicación de la pena de muerte en Suráfrica.