El Tribunal de Cuentas aprecia irregularidades en sociedades estatales tras observar 15 auditorías

El Tribunal de Cuentas ha detectado actuaciones anómalas en la gestión algunas empresas estatales tras la observación de 15 auditorías. La auditoría realizada a la sociedad estatal Mercados de Origen de Productos Agrarios, SA, sobre su situación financiera a finales de 1982, ha revelado "actuaciones extrañas" en infracciones "que pueden ser base de responsabilidades civiles y disciplinarias" según uno de los informes del ministerio fiscal del Tribunal de Cuentas remitidos a la comisión de investigación de los partidos del Congreso de los Diputados.

José María Fernández Pirla, presidente del Tribunal de Cuentas, señala en sus conclusiones sobre la auditoría realizada a la Federación Española de Kárate que "a 17 de octubre de 1982 quedaba pendiente de justificar un total de 1.503.896 pesetas", entre otras anomalías.De las 15 auditorías, cuyos datos fueron conocidos ayer, la mayoría no refleja indicios de responsabilidad civil o contable, a juicio del fiscal del Tribunal de Cuentas, si bien las conclusiones ofrecidas por la Intervención General del Estado muestran anomalías numerosas y variadas.

En el caso de la auditoría realizada a la sociedad estatal Mercados de Origen de Productos Agrarios, SA, el fiscal "entiende que se han detectado actuaciones extrañas e infracciones de diferente tipo que pueden ser base de responsabilidades civiles por defecto de gestión empresarial, responsabilidades disciplinarias y, posiblemente, responsabilidades contables por perjuicios ocasionados la propia empresa por sus gestores".

El presidente del Tribunal de Cuentas, en su informe del 30 de enero pasado, considera que en la Federación Española de Kárate se produjeron entre 1979 y 1980 los siguientes hechos: "A 17 de diciembre de 1982 quedaba pendiente de justificar un total de 1.503.896 pesetas; la justificación aportada adolece de falta de consistencia y fiabilidad; el presupuesto de la federación no recoge la totalidad de los ingresos y pagos de la misma".

Expediente

Fernández Pirla recuerda a la comisión del Congreso de los Diputados dedicada a la investigación de los partidos, políticos, que el Ministerio de Economía y Hacienda ha incoado ya un expediente administrativo sobre estas irregularidades, y que es éste el cauce para dirimir las responsabilidades, ya que dicho tribunal carece de competencia jurisdiccional.La abogacía del Estado recomienda, por su parte, que el Tribunal de Cuentas realice una fiscalización completa y detallada de las subvenciones percibidas por la residencia Campomar, situada en Guadamar del Segura (Alicante) y propiedad de la Confederación Nacional de Cámaras Agrarias. El jefe de los letrados del Estado en el Tribunal de Cuentas hace dicha sugerencia "dadas las numerosas irregularidades en la actividad económico-financiera de Campomar, así como la necesidad de una mayor profundización en las mismas, a efecto de la determinación de responsabilidades contables".

El presidente del Tribunal de Cuentas advierte en sus conclusiones sobre el informe de la auditoría realizada al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Méntrida, que en su actuación se perciben "presuntas infracciones a la legislación aplicable a los consejos reguladores y prácticas irregulares". Entre ellas señala "la inexistencia de los registros que le vienen exigidos por la orden de 23 de febrero de 1976", la "no exacción de diversas tasas, con repercusiones de menor ingreso para el Tesoro, cuantificado, para la exacción anual sobre plantaciones inscritas, en 1.475.900 pesetas anuales".

Respecto a la auditoría llevada a cabo sobre la situación de la sociedad estatal Oleaginosas Españolas, SA, a finales de 1983, el Tribunal de Cuentas señala que "tanto la irregular dotación al fondo de reversión como el ajuste de las diferencias de cambios de saldos activos y pasivos a corto plazo en moneda extranjera, suponen infracciones por parte de la sociedad del principio de continuidad que inspira el Plan General de Contabilidad Española".

En los informes, tras señalar en numerosas ocasiones que "no se deduce [de las auditorías] la existencia de responsabilidades contables", se incluyen a veces recomendaciones, como en el caso de la empresa nacional Adaro, entidad dedicada alas investigaciones mineras. Para ella se solicita una fiscalización parcial a la vista de "la posible dedicación de subvenciones y préstamos sin interés concedidos por el sector público a fines distintos de los que motivaron su otorgamiento".