La Audiencia de Bilbao descarta la posibilidad de creación de una judicatura autónoma vasca

La sala de gobierno de la Audiencia Territorial de Bilbao, de la que dependen los juzgados de las provincias de Álava y Vizcaya, precisó ayer, mediante una extensa nota oficial, que en ningún caso puede pretenderse, al amparo del Estatuto de Guernica, la creación de una judicatura vasca autónoma. Las recientes denuncias sobre las deficiencias de la administración de justicia en el País Vasco habían dado lugar a algunas interpretaciones según las cuales los problemas de todo orden existentes sólo se resolverían definitivamente con el establecimiento de una judicatura vasca, es decir, con el reconocimiento al Gobierno autónomo de la facultad para nombrar jueces y magistrados en su territorio.

En realidad, el Gobierno vasco se había limitado a reclamar la plena aplicación del artículo 35-3 del Estatuto de Guernica, en virtud del cual "corresponderá a la comunidad autónoma la provisión de personal al servicio de la administración de justicia y de los medios materiales y económicos necesarios para su funcionamiento en los mismos términos en que se reserve tal facultad al Gobierno [de la nación] en la Ley Orgánica del Poder Judicial". Esa facultad se refiere, como recuerda ahora la Audiencia Territorial de Bilbao, al personal auxiliar, y no a los jueces y magistrados.De todas formas, está pendiente de resolución del Tribunal Constitucional un recurso presentado por el Gobierno vasco sobre la interpretación dada en la Ley Orgánica del Poder Judicial al concepto de "gestión de recursos", que puede entenderse como mera administración de los mismos o incluir la posibilidad de fijarlos.

La sala de gobierno de la Audiencía de Bilbao reconoce que "es cierto que la justicia funciona con deficiencias, aunque tal situación no es exclusiva de esta comunidad". El documento analiza "los momentos en que se produjeron ciertos acontecimientos muy significativos que, si no generaron la crisis, sí la agravaron". Así cita la división entre la jurisdicción civil y penal "con grave detrimento de la penal", a partir del 1 de enero de 1974: en el orden civil de segunda instancia, ocurrió "desde la creación de la sala de lo Civil, coincidente con la de la Audiencia Territorial en febrero de 1980, al no poder absorber con su composición actual el volumen de apelaciones de Álava y Guipúzcoa".

En lo contencioso-administrativo, otro momento es cuando "el número de asuntos se triplica con la entrada en funcionamiento de los órganos de Gobierno de la Comunidad Autónoma, y de los territorios históricos.

Personal auxiliar

El documento insiste en que "de ninguna manera cabe preconizar la existencia de una judicatura vasca al amparo del artículo 35 del Estatuto de Guernica". Éste señala que corresponde a la Comunidad Autónoma la provisión del "personal auxiliar, pero no de los jueces y magistrados, que son los que constituyen la judicatura, ni siquiera de los secretarios", agrega.

La sala de la Audiencia resalta que la Constitución dice que la ley orgánica del Poder Judicial determinará el estatuto jurídico de jueces y magistrados que formarán "un cuerpo único", subraya, por lo que "se cierra así el círculo normativo que veda cualquier posibilidad de constituir una judicatura vasca".

Otra cosa sería la conveniencia de jueces y magistrados autóctonos, que la sala de gobierno considera que hay que impulsar, por lo que aplaudirá al Gobierno vasco por "la concesión de becas de estudio a opositores a la judicatura y secretariado".

El documento de la Audiencia de Bilbao se hace público al término de una semana especialmente tensa para la administración de justicia en el País Vasco, a raíz de la designación del magistrado Joaquín Jiménez para la presidencia de la Audiencia de San Sebastián al parecer con la oposición del PSE-PSOE.

Las declaraciones de dirigentes del partido socialista acerca de un supuesto celo especial de los jueces vascos en la persecución únicamente de los delitos cometidos por las fuerzas de orden público contribuyeron a acentuar esta tensión, zanjada, en parte, con el respaldo institucional del Consejo General del Poder Judicial al nombramiento de Joaquín Jiménez, con la asistencia de siete vocales al acto de su toma de posesión el pasado sábado.