EE UU juzga "alto" el respeto de los derechos humanos en España
El informe sobre los derechos humanos en España elaborado por el departamento de Estado norteamericano es más favorable para el Gobierno español este año que el pasado, en lo que se refiere a las torturas, y elimina la afirmación incluida en 1985 de que el Gobierno no siempre ejerce un control suficiente de sus fuerzas de seguridad.El nivel global de respeto de los derechos humanos en España, según el informe, es "alto" y señala que "las violaciones, presuntas o reales, continúan centrándose en el terrorismo político y en los esfuerzos del Gobierno para controlarlo y eliminarlo".
Estos informes, elaborados fundamentalmente por las embajadas norteamericanas, recogen datos sobre los derechos humanos en todos los países de las Naciones Unidas que se envían a los comités de Asuntos Exteriores del Senado y de la Cámara de Representantes, a quienes sirve de referencia a la hora de aprobar la ayuda estadounidense a los diferentes países.
El Departamento de Estado recoge en el informe las críticas formuladas en España contra la ley antiterrorista, destacando que el juez suele aprobar la extensión del período de detención sin ver al detenido, que los detenidos no pueden elegir su propio abogado y que no se les permite una inspección médica independiente.
"Muchas personas detenidas en relación con el terrorismo han alegado malos tratos, incluida en ocasiones tortura. En algunos casos, funcionarios públicos han sido declarados culpables y castigados".
El estudio indica que las condiciones de vida en las cárceles "continúan mejorando y ha habido pocos casos de malos tratos a los presos en 1985". Como en años anteriores, vuelve a recoger la preocupación de Amnesty International, en su informe de-4985, sobre la tortura y malos tratos a detenidos, "y la posibilidad de abusos cuando los presos estan incomunicados bajo la ley antiterrorista".
El departamento de Estado reitera que "el Gobierno observa escrupulosamerite la garantía de la libertad de expresión y de Prensa sancionada por la Constitución". Finalmente, se hace una referencia a la legislación sobre el aborto, promulgada en 1985, y denuncia la discriminación que sufre en ocasiones la minoría de raza gitana en viviendas, educación y empleo.
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