El juez eleva a sumario las diligencias previas del "caso SAVE"

El titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Valencia, Juan Bautista Cremades, ha elevado a sumario las diligencias previas que instruía desde el pasado 15 de noviembre en torno a supuestas irregularidades en las liquidaciones de la Sociedad Anónima Valenciana de Estacionamientos (SAVE) al organismo autónomo Aeropuertos Nacionales. La empresa SAVE, de cuyo consejo de administración es presidente Vicente Iborra, detenta concesiones de explotación de aparcamientos en 11 aeropuertos españoles.Iborra, que se encuentra en libertad bajo fianza de cinco millones de pesetas, era también hasta hace poco presidente de las patronales provincial y regional valenciana, pero presentó la dimisión de estos cargos los pasados 28 y 29 de enero, respectivamente. Otros tres directivos de la empresa se encuentran también en libertad bajo fianza, y en la misma situación están algunas de las 13 personas, entre empleados de la empresa y funcionarios de Aeropuertos Nacionales, que fueron detenidas y declararon ante el juez.

Aunque se supone que lo hará en los próximos días, el juez no ha dictado de momento procesamientos contra estas ni contra otras personas en relación con el caso. En el auto mediante el que eleva las diligencias a sumario ordena, entre otras cosas, declaraciones de algunos empleados de SAVE que aún no haban declarado y también de Emilio Pérez Touriño, jefe del gabinete técnico del ministro de Transportes, del que depende Aeropuertos Nacionales a través de la Dirección General de Aviación Civil.

Fondos públicos

El juez solicita también de esa dirección general que acredite la calidad de funcionarios de algunos empleados de Aeropuertos Nacionales. Parece que ello está en relación con la supuesta existencia de delitos de malversación de fondos públicos, figura que sólo es aplicable a las personas que tengan la condición de funcionarios. Por lo que respecta a los directivos de SAVE en libertad bajo fianza, las imputaciones son de los supuestos delitos continuados de apropiación indebida y falsedad en documento mercantil.Según las estimaciones realizadas por la policía, el total de lo defraudado por SAVE a Aeropuertos Nacionales asciende a 777 millones de pesetas.

Por otra parte, una fuente indirectamente relacionada con SAVE ha manifestado a este periódico que la persona que denunció a la policía las supuestas irregularidades en el comportamiento de la sociedad es José Antonio García Guerrero, antiguo empleado de la empresa. Éste habría sido despedido el mes de julio de 1985 y habría presentado la denuncia en septiembre del mismo año. La policía se ha negado en todo momento a ofrecer datos sobre la identidad del denunciante y ha reiterado que se trataba de "una denuncia anónima".