El fiscal del Estado archiva el escrito de posibles relaciones de policías y los GAL

El fiscal general del Estado, Luis Antonio Burón Barba, ha acordado archivar el escrito firmado por 40 personas sobre la supuesta vinculación de miembros de los cuerpos de seguridad del Estado con la guerra sucia practicada por los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL).En la respuesta a los firmantes, Burón señala que "no es admisible iniciar investigaciones previas a un procedimiento criminal contra personas objeto de imputaciones basadas en vagas referencias y sospechas".

En el escrito, cuyo primer firmante es el catedrático Jesús Ibáñez (ver EL PAÍS del 4 y 5 de febrero de 1986), se denunciaba la inhibición de la Fiscalía General del Estado "en la persecución de hechos que revisten los caracteres de delito", mencionados en diversos medios de comunicación social.

En su respuesta, Burón explica que "toda diligencia de índole penal ha de partir del conocimiento por el Ministerio Fiscal o los Jueces de Instrucción competentes, con ciertos visos de certeza, de hechos delictivos determinados, localizados y fechados exacta o aproximadamente".

Añade el fiscal general que "conocido mediante denuncia o sin ella ( ... ) un delito, ha de comprobarse su naturaleza y circunstancias y dirigirse la investigación, según el sentido que señalen las huellas, trazas o testimonios prestados, hasta identificar todos los posibles partícipes, sin exclusión alguna".

El fiscal general del Estado asegura que "esto es lo que han hecho y siguen haciendo los órganos del Ministerio Público en todas las causas en que aparecen trazas o menciones de la pertenencia al GAL de los posibles partícipes, como en cualquier otro caso".

No existen motivos

En consecuencia, concluye que "no existen motivos para abrir nuevas diligencias, fuera de los sumarios en trámite, en los que se interesará siempre agotar la investigación".En cuanto a las declaraciones "aprobatorias e incluso apologéticas de las acciones y existencia" de los GAL, reflejadas en el escrito, Burón contesta que la ley "castiga solamente la apología de las actividades delictivas de los miembros de bandas armadas que operen en España".

En su respuesta, Burón recuerda que el Ministerio Fiscal se encuentra personado en tres causas penales relacionadas con los GAL, como consecuencia de las muertes, respectivamente, del dirigente de Herri Batasuna, Santiago Brouard, y los ciudadanos franceses Jean Pierre Leiva y Robert Caplane, estas dos últimas producidas en Francia y objeto ya de una sentencia condenatoria la primera y de un auto de procesamiento contra cuatro personas la segunda.

De otros delitos cometidos en Francia y reivindicados por los GAL o atribuidos a estos grupos, Burón informa que no consta que existan denuncias concretas de hechos perseguibles en España, ni tampoco testimonios de jueces o autoridades extranjeras en igual sentido.