Para modernizar hay que invertir

La inversión se mantiene a un nivel mediocre y no recibe la suficiente atención de los administradores. Para el autor de este artículo, sin embargo, si no hay inversión no hay cambio tecnológico. Las inversiones deben ser mucho más rentables que las emisiones oficiales para que las primeras puedan reactivarse este año. Así, el Estado aparece como el gran responsable de que no se invierta debido al aumento del coste del dinero que produce la financiación del déficit público.

La inversión (formación bruta de capital fijo, FBCF) no acaba de despegar y se mantiene, en pesetas constantes, en mediocres niveles y ciertamente por debajo del máximo histórico de 1974. Y, lo que es peor, no está recibiendo la suficiente atención de los administradores, que la tratan como un residuo en sus inútiles cuadros macroeconómicos e incluso se permiten afirmar muy serios que el Estado no debe invertir porque eso crea gastos corrientes.No hará falta a estas alturas cantar las excelencias de la inversión: promueve el crecimiento, aumenta la eficacia cruzada entre sectores, aumenta el capital humano en cantidad y calidad y acumula la tecnología y el saber hacer tanto en las cosas como en las personas.

Falta de objetivos

La inversión es el coste del cambio tecnológico, y si no hay inversión no hay cambio. El decaimiento de la inversión pública, por tanto, traduce una falta de objetivos de cambio tecnológico y un desconocimiento de su coste.

El estancamiento de la inversión privada refleja falta de información y adaptabilidad y algunos estrangulamientos del entorno económico; el sector privado invierte lo que puede dadas las incertidumbres y coste de los factores (es de una simpleza angelical decir que los inversores no quieren invertir porque eso implicaría que no quieren ganar dinero).

Todos, en definitiva, invierten cuanto pueden y saben hasta que los resultados de la inversión no compensan los esfuerzos adicionales; dilatar al máximo ese punto de desinterés es tema de política pública, de información y de sentido de la oportunidad.

La retracción de los mercados, el aumento de las incertidumbres y de los costes de los insumos y sobre todo las sistemáticamente crecientes rentabilidades que los inversores podían obtener sin riesgo ni esfuerzo en los últimos 10 años invirtiendo en pagarés del Tesoro o en obligaciones eléctricas explican el continuo deterioro de la cantidad de formación bruta de capital fijo desde 1974.

La disminución de su calidad es, si cabe, más preocupante: la productividad marginal de toda la formación bruta de capital fijo decreció desde los primeros años setenta para recuperarse algo desde 1981 gracias a la contención de los costes laborales. Mientras tanto, el espectacular aumento del precio del dinero desde 1977 tuvo dos efectos nefastos.

En primer lugar hacía demasiado atractiva la rentabilidad sin riesgo ni esfuerzo que los inversores podrían obtener para que éstos anduviesen arriesgándose en emprendimientos inciertos a plazo largo.

Y en segundo lugar, cualquiera que fuese la rentabilidad de la inversión ésta se veía reducida con los altos costes del dinero que transferían beneficios (los ahorros de costes laborales y otros insumos trabajosamente contenidos) al Estado, a sectores paniaguados sin futuro, a los intermediarios financieros y a los rentistas.

En otras palabras, desde 1976 el factor trabajo y el factor capital se han ajustado a costa del otro; el resultado ha sido siempre un estéril juego de suma cero para la economía española.

Quebrar las expectativas de que se perpetúe ese modelo es la tarea más importante de la política económica. En efecto, se han ido reduciendo, año tras año desde 1974, las inversiones y sus rentabilidades más probables, siguiendo exactamente la misma tendencia que la diferencia entre las rentabilidades de inversión con riesgo e inversión en bonos eléctricos de uno, dos y tres años antes. O sea: las inversiones tienen que ser mucho más rentables que la compra de bonos del Tesoro en 1985-1987 para que la inversión despegue en 1988.

Recíprocamente, no me creo que la inversión despegue en 1986 porque la diferencia entre rentabilidades con riesgo y en bonos eléctricos alcanzó en el período 1983-1985 mínimos históricos tanto en medias móviles trianuales como calculadas año a año.

¿Medidas para invertir más? Esta pregunta, por supuesto, ha de responderse de manera diferente según el tamaño de la empresa y su actividad y requiere un estudio en profundidad como los que habitualmente llevamos a cabo para numerosos clientes privados y gubernamentales de todo el mundo. Pero puestos a generalizar, la conclusión más evidente de la experiencia inversora en todo el mundo es que ya no sirven los típicos instrumentos duros (subvenciones, regulaciones, inversiones de prestigio) y hay que recurrir a los blandos (gestión, información, desburocratización).

Tanto las grandes corporaciones como las administraciones centrales más avispadas están recurriendo cada vez más, con uso de su personal o de consultores externos, a identificar oportunidades de inversión y a facilitarlas evitando estrangulamientos mediante la información, la formación y la apertura de mercados. Y por supuesto hay que reducir la financiación del déficit público, el precio real del dinero y la rentabilidad de renta fija.

El gran responsable

Me temo que la conclusión es muy conocida: el Estado es el gran responsable de que no se invierta porque cada vez invierte menos y porque al financiar su inútil déficit hace subir el coste del dinero y las rentabilidades sin riesgo ni esfuerzo. El sector privado es responsable de no identificar con más imaginación nuevas oportunidades.

Ambos son obstáculos para racionalizar y transformar el país, que no otra cosa es modernizar.

La inversión es el coste del cambio, al que impulsa creando oportunidades. El cambio es una cuestión de combinatoria; habrá tanto más cambio tecnológico cuantos más elementos combinables haya. Cuando éstos disminuyen en una sociedad por efecto de grupos de presión (trabajo, capital o Estado) disminuyen las oportunidades de cambio.

La inversión decreciente, en definitiva, es causa y efecto de este proceso de decadencia en el que España y su Estado han entrado.