Un viaje esclarecedor

LA VISITA oficial a España de lord Carrington, secretario general de la OTAN, ha servido para despejar algunas dudas respecto a las relaciones de nuestro país con la Alianza Atlántica. Las contestaciones dadas por el presidente González a los periodistas también han aclarado parcialmente las incógnitas sobre la celebración del prometido referéndum en tomo a la permanencia de España en la organización creada por el Tratado de Washington. Reafirmada la voluntad de realizar la consulta y admitido el carácter políticamente vinculante de la respuesta, sólo queda por conocer la fecha exacta y la pregunta precisa del referéndum. En ese sentido, el viaje de lord Carrington -un diplomático avezado, que ha sustituido con ventaja en su puesto a Joseph Luns- ha contribuido al esclarecimiento de una situación mantenida hasta ahora en un estado de considerable confusión.El secretario general de la OTAN vinculó expresamente nuestro ingreso en las Comunidades Europeas con la permanencia de España en la alianza militar del Atlántico Norte. Es cierto que no todos los países europeos de la OTAN pertenecen a la CEE (en ese caso se encuentran Noruega e Islandia), que Irlanda es miembro de la Europa de los doce pero no forma parte de la Alianza Atlántica, que Suecia, Austria y Suiza se hallanal margen tanto de la OTAN como de la CEE y que la presencia de Estados Unidos y Canadá priva al pacto militar de una supuesta especificidad europea. Sin embargo, pocas dudas existen sobre el papel jugado en las negociaciones de Bruselas por las expectativas en torno a la permanencia de España en la OTAN. Por lo demás, lord Carrington hizo una presentación de la Alianza Atlántica orientada a subrayar el peso que desempeñan los países europeos en la adopción de las decisiones y en la aportación de efectivos militares y a matizar la hegemonía -difícilmente ocultable- de Estados Unidos en sus estrategias. La descripción de la Alianza Atlántica como el reverso potencial de una futura Europa unida fue acompañada por el recordatorio de los valores y objetivos democráticos de los socios que la componen, dato que históricamente no se compadece con la pertenencia a la organización del Portugal salazarista, la Grecia de los coroneles y la Turquía autoritaria.

En cualquier caso, la intervención de lord Carrington despejó las dudas artificialmente sembradas en torno a la aceptación por los demás países miembros de la OTAN de los planes de integración parcial de España defendidos por el Gobierno González. Los precedentes de Francia, Noruega, Dinamarca e Islandia hacían casi innecesaria la aclaración. La metáfora de un restaurante cuyos clientes pueden almorzar variadamente a la carta, en vez de tener que aceptar obligatoriamente el menú fijo de la casa, permitió al secretario general de la Alianza Atlántica aclarar tanto sus preferencias -en tanto que chef del establecimiento- en favor de la generalización del menú, identificado con la plena integración militar, como el derecho de los comensales a pedir la combinación que les plazca, en este caso la permanencia de España fuera de la estructura de mando militar. Frente a la propensión de algunos sectores de la sociedad española a ser más papistas que el Papa y más atlantistas que el Pentágono, lord Carrington recordó que la Alianza Atlántica está formada por 16 países soberanos -"para ninguno de los cuales existe una fuerza vinculante"- y que el anunciado referéndum sobre nuestra permanencia en la OTAN es "un asunto exclusivo del pueblo español".

En respuesta a preguntas de los periodistas, Felipe González formalizó públicamente su compromiso de no mantener a España en la Alianza Atlántica" si la mayoría de los votantes que acudan a las urnas se pronuncia en ese sentido. Sólo una abstención del 90%. podría plantearle "un grave problema" al respecto. La discusión sobre el carácter vinculante del prometido referéndum era, en verdad, bizantina. Si el presidente del Gobierno pide a los ciudadanos su veredicto sobre una "decisión política de especial trascendencia", resulta obvio que la consulta únicamente se justifica por su voluntad de hacer suya la respuesta solicitada. La caracterización como consultivo de este tipo de referéndum posee

tan sólo el significado jurídico-técnico de que el pronunciamiento de los ciudadanos en las urnas no produce automáticamente efectos sobre el ordenamiento constitucional, sino que necesita la mediación instrumental de decisiones y de leyes, tarea que corresponde realizar al Gobierno y a las Cortes Generales. El referéndum, sin embargo, vincula a quien lo convoca no sólo moralmente sino, sobre todo, políticamente. La democracia exige que las reglas del juego sean respetadas por los actores tanto cuando ganan como cuando pierden. Dado que el presidente del Gobierno tiene una desahogada mayoría parlamentaria, y dado también que la disciplina de los diputados y senadores socialistas ha funcionado hasta ahora sin una sola quiebra, resultaría inexplicable que una votación favorable a la salida de España en la OTAN no tuviese una traducción legal inmediata por las Cortes Generales. Es cierto que los diputados socialistas respaldaron hace dos semanas, en un Pleno del Congreso, la permanencia de nuestro país en la Alianza Atlántica, de forma tal que un resultado adverso al Gobierno implicaría la desautorización de los elegidos por sus electores. Pero la propia lógica del referéndum no dejaría otra salida a ese conflicto entre la democracia directa y la democracia representativa que la instrumentación por las Cortes Generales de la respuesta ciudadana a esa "decisión política de especial trascendencia".

En cualquier caso, el compromiso -nuevamente reiterado anteayer por Felipe González- de cumplir la promesa del programa electoral socialista de 1982 parece descansar sobre la convicción de que la respuesta ciudadana será favorable a las tesis continuistas del Gobierno. Resulta lógico que el presidente González proclame su confiaza en la victoria, aunque sólo sea por los efectos de arrastre de las profecías, y que trate de vestir al cálculo de probabilidades con los ropajes de la absoluta certeza. Es peligroso, en cambio, que ese optimismo movilizador pueda expresarse en fórmulas tan sospechosas como la jactancia de Felipe González de afirmar que la derrota es "una hipótesis que no contemplo". Porque el deber de todos los participantes en el juego democrático es, precisamente, contemplar cualquier hipótesis -entre ellas, la derrota del Gobierno en un referéndum- y aceptarla como posible. La anunciada abstención de Coalición Popular -decisión contra la que apunte tal vez tácticamente la rotunda afirmación del presidente del Gobierno sobre el carácter vinculante de la consulta- no constituye el único dato preocupante para los cálculos triunfalistas del Gobierno. Otros riesgos para la apuesta de Felipe González serían la eventual aparición de variables imprevisibles e incontrolables -fundamentalmente, de política exterior- capaces de engrosar las filas del no, el abstencionismo de electores socialistas antiatlantistas deseosos de evitar el dilema de desautorizar al Gobierno o de votar contra sus convicciones y la fuga hacia el voto negativo de aquellos atlantistas que -convencidos de la irreversibilidad de nuestra permanencia en la OTAN- opten por castigar a los socialistas. Hipótesis, todas ellas, que merecen ser analizadas.