Aplicar la ley

EL INCIDENTE diplomático que se ha producido entre España y Cuba, a consecuencia del intento de secuestro, en el paseo de la Castellana, del ciudadano cubano Manuel Antonio Sánchez Pérez, por cuatro funcionarios de la misma nacionalidad, ha sido resuelto por el Gobierno español de una forma que no se ajusta a las exigencias de un Estado de derecho y que se aleja de lo que es práctica acostumbrada en casos semejantes en otros países democráticos. No ofrece lugar a dudas que la presunción de culpabilidad de los cuatros funcionarios cubanos en la realización de un delito de secuestro, o de "detención ilegal" (por emplear los términos del Código Penal), es altísima. Uno de los cuatro tenía inmunidad diplomática; incluso en su caso es muy dudoso que, ante un delito de ese género, se pueda invocar dicha inmunidad. Sea como sea, resulta inexplicable que, en los otros tres casos, el Gobierno haya decidido su expulsión de España, cuando lo que correspondía era que fuesen juzgados por los tribunales españoles.Conviene recordar que, en el último caso comparable a éste, ocurrido en Londres en julio del año pasado -cuando un antiguo ministro nigeriano fue secuestrado por orden del Gobierno de dicho país-, los cuatro autores materiales del hecho, un nigeriano y tres israelíes, fueron condenados a penas de más de diez años de cárcel; a la vez, el Gobierno británico expulsó a varios diplomáticos nigerianos por considerar que habían preparado esa acción delictiva, aunque no habían tomado parte directamente en ella.

La nota de protesta del Gobierno cubano se centra en demostrar que la víctima del intento de secuestro era una persona que pretendía robar fondos del Estado cubano; pero tal argumento no viene al caso y aparece más bien como una justificación del delito cometido. Incluso suponiendo que la persona objeto del intento de secuestro tuviese los antecedentes que le atribuye el Gobierno cubano, es absolutamente intolerable que funcionarios de la Embajada cubana en Madrid intentasen tomarse la justicia por su cuenta en las calles de nuestra capital. A la luz de los hechos, el Gobierno de La Habana debería dar las gracias por la expulsión decretada por el Gobierno español de los cuatro funcionarios cubanos, porque tal medida ha significado sustraerles a un juicio en el que podían corresponderles fuertes penas de cárcel.

Es explicable que cuando surgen incidentes tan graves entre países que, como España y Cuba, están interesados, uno y otro, en conservar relaciones amistosas se haga un esfuerzo por no provocar tensiones añadidas. Pero existe otro peligro: dar una sensación de trato de favor, al margen de la ley, para personas culpables de delitos evidentes, cuando están ligadas a Gobiernos extranjeros. Demasiado hemos sufrido en España de cierta tendencia a dirimir en nuestro suelo pleitos que nos son ajenos. Por eso es lamentable que la reacción gubernamental a lo ocurrido en la Castellana no haya sido una aplicación estricta de la ley, y que los delincuentes no hayan sido juzgados por nuestros tribunales.