Expedientados los tres guardias civiles que acompañaban a Zabaltza el día que desapareció

Los tres guardias civiles que estaban presentes en el momento de la supuesta fuga de Mikel Zabaltza, el pasado 26 de noviembre, han sido objeto de expediente disciplinario. Iñigo Iruín, abogado de la acusación particular en el sumario abierto sobre esta desaparición, solicitará una diligencia judicial para saber si existe o no alguna orden o circular interna de la Dirección General de la Guardia Civil que modifique el criterio general establecido en el reglamento de dicho cuerpo sobre la obilgatoriedad de llevar un registro de todos los servicios realizados.

El juez que lleva el caso, Francisco Ríos, fue informado el jueves por el comandante del puesto de la inexistencia de tal registro en el cuartel de Intxaurrondo. Varios artículos del Reglamento para el Servicio del Cuerpo, aprobado por Orden Ministerial del 14 de mayo de 1943, no modificado posteriormente, hacen mención expresa a la cuestión suscitada.Así, el artículo 143 determina que "el comandante de cada puesto llevará los registros o libros oportunos para anotar los hechos importantes y todos los actos de la fuerza en el desempeño del servicio", añadiendo que "cuando ocurra algún hecho extraordinario" (el comandante del puesto) "dará parte directa al gobernador de la provincia, poniéndolo al mismo tiempo en conocimiento de la autoridad correspondiente y de los jefes que deban tener noticia del hecho".

Obligatoriedad del registro

La obligatoriedad de dejar constancia escrita de todas las actuaciones realizadas se recoge, puede decirse que exhaustivamente, en numerosos artículos a lo largo de todo el reglamento, especialmente en los artículos 37, 140 y 144, además del citado.

Ya en diciembre de 1984, con motivo de un sumario por presuntas torturas, el abogado Iruín, que había solicitado una diligencia judicial para determinar los nombres de los agentes que habían participado en los interrogatorios relativos al caso, fue informado por el teniente coronel Rodríguez Galindo, responsable de la Guardia Civil en la provincia, de la inexistencia de libros de registro de actuaciones en el cuartel de Intxaurrondo. Por ello, Iñigo Iruín solicitará en esta ocasión que se determine expresamente si existe alguna orden posterior que modifique el criterio general.

La Ley sobre Actuación de Bandas Armadas -comúnmente conocida como ley antiterrorista-, aprobada en el Parlamento el 21 de noviembre de 1984, determina que la detención preventiva de los sospechosos podrá prolongarse por un período de hasta diez días, siempre que dicha prolongación sea notificada al juez dentro de las 72 horas siguientes a la detención, pero ninguno de sus artículos permite suponer que su aplicación anule las formalidades relativas al registro escrito de los servicios.

En opinión de Iñigo Iruín, y cualquiera que sea el desenlace final de la investigación, el caso Zabaltza "ha servido ya para poner de manifiesto ante la opinión pública tanto las ilegalidades, irregularidades y arbitrariedades cometidas bajo el mando de la actuación Antiterrorista, como la impunidad que rodea a los responsables de tales actuaciones".

La notificación al juez de la inexistencia del libro de registro en el cuartel donostiarra, contrasta, por otra parte, con las manifestaciones realizadas el pasado lunes por el abogado de los guardias civiles que han prestado declaración en relación al caso, y según las cuale la determinación de la hora en que se produjo la entrada y salida de Zabaltza de las instalaciones policiales podría conseguirse fácil mente en base al acta de registro de ingresos y salidas de Intxaurrondo. Tales manifestaciones fueron realizadas ante varios informadores y de ellas existe al menos una grabación magnetofónica.

Remitida a objetos perdidos

Ayer, el periódico de Zaragoza El Día, recogía unas declaraciones de Galbiñe Gárate, madre de Zabaltza, en las que denuncia el trato que recibió en el cuartel cuando fue a preguntar por su hijo. "Me dijeron que no sabían nada de él. Cómo no van a saber nada si ústedes lo trajeron aquí, le contesté. Se escapó, me dijeron. Un familiar que iba conmigo", añade la madre, "preguntó que por dónde escapó y le respondió el guardia que no sabía nada, que preguntase en objetos perdidos".

El arzobispo de Pamplona, José María Cirarda, -informa - ha exigido el esclarecimiento y "que se haga luz, y luz plena y pronta", afirma sobre la desaparición de Mikel Zabaltza. José María Cirarda asegura en una nota que "nuestro pueblo navarro y España entera se juegan mucho en ello".

Cirarda proclama que la sociedad tiene derecho a defenderse de quienes ponen en peligro su paz y añade que "ningún ciudadano puede ser ni molestado, ni detenido sin graves razones, y que nuncajamás ninguno, aunque fuere culpable, puede ser maltratado".

Por su parte, el secretario general del PCE, Gerardo Iglesias, expresó ayer públicamente en una conferencia de prensa celebrada en Madrid, su temor de que Mikel Zabaltza se encuentre muerto.

"Su desaparición", declaró Gerardo Iglesias, "unida a la denuncia de malos tratos, la declaración poco convincente del ministro del Interior (en el Congreso de los Diputados a preguntas de Marcos Vizcaya) y el que éste no haya abierto una investigación administrativa sobre lo sucedido en el cuartel de Intxaurrondo nos hace temer lo peor". Iglesias anunció que "si se confirman las denuncias sobre las torturas a Zabaltza exigiremos la dimisión del ministro del Interior".