Volver a casa en Navidad

UNA VEZ más, los dos grandes medios de transporte público, la aviación y el ferrocarril, protagonizan importantes conflictos laborales que repercuten sobre una amplia población, por completo inocente en el pleito que acaba padeciendo. De añadidura, la extensión de los efectos que se derivan de estas huelgas -y más si, como ahora, se convocan en fechas críticas- plantea la cuestión de cómo garantizar el ejercicio de los derechos constitucionales a algunos colectivos sin que ello vaya en detrimento de los derechos de otros ciudadanos y de actividades fundamentales para la comunidad.Siete años después de aprobarse la Constitución española, todavía no ha habido ningún Gobierno que regulara el ejercicio del derecho de huelga, tal como establece su artículo 28.2. El citado artículo dice, además, que dentro de la ley que ordene este derecho habrán de recogerse las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. Hasta ahora ello se viene haciendo a través de los decretos de servicios mínimos, que provocan una curiosa paradoja: al margen del número de trabajadores que sigan efectivamente la huelga, ésta, una vez convocada, afectará irremediablemente a los usuarios por las medidas de atención mínima que preventivamente se adoptan. Complementariamente, tampoco se han regulado las elecciones sindicales en la Administración pública. Y de esta manera surgen asociaciones profesionales que sólo pueden demostrar su representatividad a través de actos de fuerza, movidos por reclamaciones que puede no compartir la totalidad del colectivo.

Con estos dos componentes se entenderá que los conflictos sumen a la desmesura de sus consecuencias una falta de lógica irritante. En el caso de los controladores, y cuando el conjunto de los trabajadores ha aceptado una política salarial de sacrificio, no parece defendible que el punto central del conflicto sea la pretensión de un incremento en sus haberes que multiplica por seis o siete los límites impuestos al resto de los funcionarios. En cuanto a los ferroviarios, se trata en este caso de mantener un sistema de jubilaciones que, en sentido estricto, es mucho más favorable que el de los demás asalariados. Posiblemente a los ferroviarios les asista todo el derecho a no perder sus conquistas y a los controladores no les falte razón para pedir una revisión de sus sueldos y condiciones de trabajo, pero su causa será siempre mal entendida socialmente si la forma de protesta se ceba, como actualmente, por ejemplo, en cientos de miles de familias que quieren reunirse en las fiestas navideñas. Finalmente, cuesta creer que la Administración dispone de tan escasos recursos de negociación o cuenta con tan malos negociadores que es incapaz de evitar una y otra vez estos extremos de malestar social y de despilfarro económico.