Jueces contra políticos
LA CRISIS que acaba de ser evitada en Italia no era una crisis de Gobierno, como las numerosas que ha conocido dicho país; era una crisis sin precedente, un vacío en la cumbre de la magistratura, que ponía en peligro el funcionamiento de la justicia y su relación con el poder ejecutivo. Los 20 togados que componen el Consejo Superior de la Magistratura (al lado de otros 10 juristas designados por el Parlamento) habían presentado su dimisión. El presidente de la República, Francesco Cossiga, ha rechazado estas dimisiones y ha logrado convencer a los 20 magistrados para que las retiren. En todo caso, más que de una solución se trata de un aplazamiento: los problemas que han dado lugar a la crisis siguen en pie, y de una u otra forma tendrán que ser afrontados por los órganos rectores de la democracia italiana.Están implicadas en esta ocasión cuestiones generales, de fondo, que afectan a las estructuras de los regímenes democráticos en las condiciones contemporáneas. Nadie pone en duda el principio de la "separación de poderes", formulado ya por Montesquieu. Pero la traducción de este principio en una práctica democrática es sumamente compleja. Por otro lado, en la experiencia italiana se dan rasgos muy distintos de lo que ocurre en otros países, y concretamente en España. Lo cual aconseja examinar esa especificidad italiana evitando identificaciones simplistas.
El punto de partida de la crisis fue la condena de tres diputados y dos periodistas del PSI -entre éstos el director de Avanti- por sus ataques, considerados calumniosos, contra los jueces que han condenado a los asesinos del periodista Walter Tobagi. El Parlamento, a pesar de los esfuerzos del PSI, levantó la inmunidad de esos tres diputados. Bettino Craxi reaccionó con violencia a la condena de sus compañeros de partido declarando que él mismo se consideraba condenado. Con ese motivo pronunció palabras durísimas contra los jueces, y el Consejo Superior de la Magistratura decidió someter a debate esa actitud de Craxi. Entonces se produjo la primera intervención del presidente de la República, recordando al citado consejo que el jefe del Gobierno debe responder exclusivamente ante el Parlamento. Ello motivó la dimisión de los 20 magistrados, retirada ulteriormente, como ya hemos dicho más arriba.
A primera vista sorprende que un órgano como el Consejo Superior de la Magistratura tenga la pretensión de juzgar la conducta del jefe del Gobierno. Es indiscutible, por otra parte, que la tendencia de los jueces a considerar delictiva cualquier crítica contra sus sentencias es muy peligrosa; es una forma de negar la plena libertad de crítica, sin la cual no hay democracia. Sin embargo, en Italia, el enfrentamiento entre los jueces y los partidos que detentan el poder se ha producido en un contexto especial. Varios factores han ido otorgando a los jueces un protagonismo evidente en cuestiones candentes en el orden político: en primer lugar, la lucha contra el terrorismo. Numerosos jueces han tenido actitudes ejemplares; han pagado incluso con su vida. En otro terreno, la existencia dentro de la Administración de extensas zonas de ilegalidad y corrupción ha obligado a los jueces a romper viejos tabúes; personalidades políticas de primer plano, sobre todo de la Democracia Cristiana y del PSI, han sido juzgadas y condenadas. El talante social de los jueces, su cultura jurídica, ha sufrido una transformación profunda. En vez de sentirse vinculados a las capas conservadoras, hoy muchos jueces aparecen en punta en un esfuerzo por depurar el sistema político, acabar con las corrupciones, las injusticias, la pervivencia de un sistema de clientelas que desvirtúa la democracia. En la actualidad son los comunistas y la izquierda independiente los que propugnan que los magistrados sigan conservando la mayoría en el Consejo Superior; hace 25 años era la posición defendida por la derecha. Existe, pues, en una parte de la sociedad italiana la convicción de que la campaña del órgano socialista Avanti contra los jueces, los ataques de Craxi en ese mismo sentido, se deben a motivos anteriores al caso Tobagi; de que son una respuesta a las denuncias de numerosos casos de corrupción en administraciones socialistas.
Sin embargo, por muchos que sean los méritos de la magistratura en la etapa actual de la democracia italiana, no se puede subestimar el peligro enorme que representa el corporativismo del cuerpo judicial, que está a todas luces en el trasfondo de los recientes acontecimientos de Italia. No importa la ideología (conservadora en España; con matices de izquierda en Italia): el corporativismo judicial lleva a la negación de principios fundamentales en un sistema democrático. Un corporatívismo alimenta a los otros, y aceptar una compartimentación del poder conduce inevitablemente a negar la soberanía popular.
Las funciones de un órgano como el citado consejo han de limitarse a la administración interior del aparato de justicia. Es inimaginable que pueda entrar en un debate con el Ejecutivo. Si existen dudas sobre los límites de su funcionamiento, como ocurre en Italia, y como se ha pretendido sugerir por parte de los jueces en España, al Parlamento corresponde llenar los vacíos legislativos que eventualmente existan. La crisis en Roma parece superada por ahora, pero los problemas subsisten y su significado desborda las fronteras italianas.
