La huelga de los controladores aéreos

Hay que decir que los controladores aéreos componen un cuerpo de la Administración civil del Estado de elite, pero no precisamente por su carácter personal o formativo, sino por las atenciones con que siempre han sido colmados por la Administración. El cuerpo se creó por ley de 28 de diciembre de 1966, y en él se integraron, sin pasar por prueba alguna, personal que había ingresado en el extinto Ministerio del Aire -por influencia personal- y funcionarios procedentes del cuerpo o escala técnica de radiotelegrafistas, y más tarde por oposición, con las correspondientes pruebas. Es decir, que la iniciación del cuerpo fue con personal al que no se le había exigido titulación alguna para su ingreso. Y esto es lo va a traer la primera discriminación con respecto a otros colectivos al asignar al cuerpo recién creado un coeficiente (3,3) igual al de los titulados universitarios medios, tal como preveía la ley Rodó; esto es, pagar por el título y no por la función. Pues bien, los controladores sin título se encontraron equiparados salarialmente a los que poseían titulación universitaria. Primera discriminación historiográfica. La segunda aparece con la Ley 12/1981, por la que se exige para el ingreso en el cuerpo la licenciatura universitaria (ingeniero técnico, profesor de EGB, graduado social, etcétera), con lo que el coeficiente se eleva de 3,3 a 3,6, siendo uno de los pocos casos en que a un cuerpo se le asigna nuevo nivel o coeficiente desde su creación.No cabe duda de que la profesión de controlador es una de las más modernas, crecientes y admiradas, pero existen otras profesiones dentro de la función de Aviación Civil que tienen importancia en la seguridad de los vuelos o en el mantenimiento de los aeropuertos. Hay otros cuerpos que inciden en la vida aeronáutica servidos por funcionarios a los que se les exige, y se les exigió, conocimientos especiales o titulación media o universitaria -tales como los cuerpos de oficiales de aeropuertos, de telecomunicaciones aeronáuticas, de ingenieros aeronáuticos, etcétera- y que no gozan de las prebendas salariales de los controladores, pues a éstos se les dota de incentivos y gratificaciones que son únic os en el colectivo de Aviación Civil. Es decir, otra discriminación más a la que nunca hemos puesto objeción, aunque sí ha producido cierto desasosiego por el agravio comparativo. No cabe duda, decimos, de que es la del controlador una profesión -mejor diríamos un puesto de trabajo, ya que a la edad de 55 años pasan a desempeñar labores burocráticas- que requiere atención por parte de los poderes públicos; pero nunca, por ello, debe elevarse a categoría primordial y discriminada, ya que están sometidos, como todos los funcionarios, a unas normas que regula el derecho administrativo y, en materia económica, a los Presupuestos Generales del Estado. Y no cabe duda de que es una profesión importante para la vida ordinaria del transporte aéreo; pero por ello, por su importancia, deben someterse a la legalidad con más vehemencia que el resto de las profesiones o puestos de trabajo.

La seguridad aérea es fundamento del transporte, y está en manos de los que pilotan las aeronaves y de los que las dirigen desde tierra; pero éstas no son las únicas profesiones a tener en cuenta. Profesiones como las de limpieza o atención sanitaria pueden ocasionar epidemias mortales o falta de atención en momentos cruciales. Tales actuaciones son algo elemental en toda la actividad sindical.

La huelga es un derecho constitucional que ampara a todos los trabajadores; pero al ejercer un derecho pueden conculcarse otros.

Este derecho de los controladores merece, por lo menos, dos tipos de consideraciones. Una de ellas es la falta de oportunidad. Según la Prensa y los datos facilitados por el portavoz de la huelga, la base reivindicativa es el aumento de sueldo y la reducción de jornada de trabajo. (Hemos dicho que hay falta de oportunidad, pero quizá sean oportunos al plantearla estra tégicamente en el momento en que se están discutiendo en el Parla mento los Presupuestos Generales del Estado.) En cuanto a los suel dos, no sabemos de qué medios se puede valer el Ministerio de Economía y Hacienda para incluir a cada controlador un aumento por centual de 50 en los haberes de 1986. El desparpajo con que hizo la petición el señor Lacalle ante las cámaras de TVE nos indicaba una referencia psicológica, en el sentido de parecer más una boutade que una verdadera reivindicación. La petición de llegar a las 1.200 horas de trabajo nos parece una bofeta da discriminatoria. Tal reivindica ción, si llegara a prosperar, pondría al controlador con una jornada de trabajo diaria de tres horas y media, que, repartida en dos me dias jornadas -por la posible fatiga del puesto de trabajo-, nos daría una hora y media de trabajo en cada una de ellas. Tal posibilidad sería pagada a 4.000 pesetas la hora, cuando a funcionarios del mismo nivel se les abona a unas 800 pesetas. Vista así, aisladamente, la hora de trabajo no parece muy bien remunerada, pero hay que tener en cuenta la estabilidad en el empleo del funcionario.

Otra consideración, por supuesto que subjetiva, es la falta de conocimientos sindicales, lo que lleva consigo una huelga montada bajo el pretexto del ejercicio de un derecho. El amparo de un derecho por las leyes -y en este caso, por la ley de leyes- no puede reafizarse bajo la tutela ad infinitum de reclamaciones utópicas. Todo sindicalista sabe que pedir lo más es quedarse en la mitad, pero también sabe que es preferible hoy día la participación que la reivindicación. Ya no estamos en los tiempos de la algarada callejera, por mucho que se diga que es hoy el quinto poder; hoy los sindicalistas se sientan en las mesas de las negociaciones (AMI, ANE, AES) para poner sobre el tapete las reivindicaciones de todo tipo.

Presión salarial

No cabe duda de que la Administración, la fría Administración, somete a sus funcionarios a una presíón salarial distinta de la que las empresas hacen con el resto de los trabajadores; pero también el funcionario debe saber que la reivindicación fuera de las normas antiinflacionistas está fuera de lugar. La invocación a los niveles salariales de los colegas europeos nos parece tan candorosa que no merece más atención que la iniciación de un estudio globalizado de todo el entorno funcionarial aeronáutico. Por lo demás, un buen sindicalista debe sopesar todas las coordenadas socioeconómicas de su entorno, pues no en vano se dice en los más elementales manuales de la OIT que "el ejercicio de sus fáncionel sindicales plantea también un problema educativo, en el sentido de que el alcance real de las medidas adoptadas depende con frecuencia de la utilización que los propios trabajadores hagan de sus derechos".

De tal manera es inoportuna la huelga de los contróladores que ha contrariado a una serie de colectivos. A los administrados, porque les ha visto privados de la elección de un medio de transporte. A las compañías aéreas usuarias, porque ello eleva las pérdidas, ya cuantiosas, que luego pagamos todos los españoles, y a las que ha ridiculizado el portavoz de la huelga al decir que "los usuarios se habían enterado antes que ellos de los efectos de la huelga". Y, por fin, ha herido el espíritu sindicalista del resto de los cuerpos de la Administración civil aeronáutica -a los que, por supuesto, este colectivo de elite nunca ha tenido en cuenta-, que están en condiciones salariales y de promoción verdaderamente vejatorias con respecto a los controladores.

Una actuación sindical de los cuerpos de Aviación Civil no puede limitarse a las reivindicaciones más o menos utópicas de aumentos salariales y de rebaja de horas de trabajo. Una actuación sindical empieza por la defensa de intereses profesionales, pero pasa por la reivindicación de derechos de cuerpo -o de clase, si se quiere-, aunque teniendo en cuenta al resto de los colectivos. Además es más importante la participación dentro de la Administración y en las directrices de la vida aeronáutica. Esta es una faceta que han olvidado los controladores, sin que los árboles de sus intereses personales les dejen ver el bosque del resto de los colectivos empeñados en la tarea del servicio aeronáutico.

Una Administración que acaba de salir de la esfera militar debe civilizarse en armonía entre todos los cuerpos y trabajadores que,la sirven, sin discriminaciones importantes, impropias de una filosofía sindical moderna, y, menos aún, lejos de la tendencia a la promoción igualitaria de los funcionarios privilegiados o de elite.