El informe de los peritos confirma la existencia de una 'caja B' en Banca Catalana

El informe sobre la contabilidad de Banca Catalana entregado al juez instructor del caso, Ignacio de Lecea, el pasado sábado confirma la existencia de una caja B en la entidad. El peritaje, realizado a petición del juez por Ricardo García Micola e Ignacio Casanovas Parella, consta de 88 folios de texto central y 180 de anexos. En el informe se analiza la contabilidad de Banca Catalana entre los años 1968 y 1981.

El informe pericial, dividido en varios capítulos, hace referencia a la contabilidad de la caja B, es decir, los fondos paralelos a la contabilidad oficial. En ella figuran referencias a diversas operaciones de compra de acciones y se refleja la existencia de extratipos."El informe es una prueba clave dentro del proceso de Banca Catalana y con él concluye una primera parte del sumario instruido", declaró a EL PAÍS el juez instructor. También indicó que a partir de ahora las investigaciones girarán en torno a las cuestiones recogidas en este texto. En opinión de Ignacio de Lecea, la entrega de esta documentación puede variar el planteamiento de la querella. En cualquier caso, el informe aún no se puede dar por concluido totalmente, ya que ahora se abre un plazo de 15 días para atender las aclaraciones que soliciten tanto la defensa como los fiscales.

No vinculante

"El informe realizado por los dos peritos no tiene un valor vinculante, puesto que la información que contiene debe ser interpretada jurídicamente", señaló Ignacio de Lecea. Fuentes jurídicas señalan que la prueba pericilal "debe situarse en sus justos términos en relación con el resto de pruebas practicadas". En este sentido, se señala que además de esta prueba pericial la Audiencia deberá tener en cuenta la prueba documental -integrada por unos 50.000 folios de documentos de Banca Catalana y sociedades instrumentales-, la prueba testifical -compuesta por más de 300 declaraciones de testigos, además de las de los 25 querellados- y los 3.000 folios de¡ sumario, que incluye los informes periciales del Ban co de España y Fondo de Garantía de Depósitos. Actualmente, se sigue tomando declaración a personas supuestamente implicadas y todavía faltan por presentarse ante el juez cerca de 20 presuntos titulares de créditos morosos. Asimismo, las partes implicadas pueden solicitar otras pruebas contables. El juez instructor declaró que se llevarían a cabo otras prácticas periciales y que no se puede hablar de una conclusión próxima del sumario.

Los dos peritos

Los dos peritos judiciales, Ricardo García Micola e Ignacio Casanovas Parella, fueron designados por el juez el pasado mes de abril para que elaborasen un informe sobre la contabilidad de Banca Catalana. Su labor se debía centrar en el estudio de las operaciones que pudieron causar el agujero y, sobre todo, para determinar la existencia de la llamada caja B. Empezaron su trabajo en el mes de abril sin tener fijado ningún plazo concreto para la entrega del informe. Según declaró Ignacio de Lecea, "se trata de un trabajo muy extenso y delicado, por lo que no se podían fijar fechas". "Este informe no tiene precedentes, puesto que los efectuados por el Banco de España y el del Fondo de Garantía de Depósitos no fueron tan profundos", añadió. Al parecer, el trabajo se terminó hace unos 15 días y desde entonces ha estado en fase de corrección. Los peritos designados por el juez De Lecea son profesionales con amplia experiencia. Ignacio Casanovas Parella es catedrático de Contabilidad de la Empresa y Estadística de Costes de la facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Barcelona. Ricardo García Micola es profesor de Derecho Financiero y Tributario en la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales, también de Barcelona. Por otra parte, García Micola es miembro de la junta directiva del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España y recientemente leyó su tésis doctoral. En 1978, constituyó, junto con otros cuatro profesionales, la sociedad colectiva regular Burgués, García Micola y Cía, Censores Jurados de Cuentas, dedicada a prestar servicios profesionales en el campo de la auditoría contable. En 1979 cambió el nombre de la entidad por el de García Micola, Rains, Vela y Cía, Censores Jurados de Cuentas, quedando integrada hasta el momento por José María Estalella Sánchez, Ricardo García Micola, Jaime Petit Massana, Alberto Rains García y Francisco Xavier Vela Parés, todos ellos censores jurados de cuentas. Se da la circunstancia de que García Micola, Rams, Vela y Cía, Censores Jurados de Cuentas ha efectuado durante varios años la auditoría de Premsa Catalana, SA, sociedad editora del diario Avui. Premsa Catalana está presidida por Antoni Subirá Claus, portavoz de Convergència i Unió en el Parlament y familiar de Pujol. El accionista principal de Premsa Catalana, SA, es la Fundació Catalana de Comunicació (FCC), constituida el 8 de octubre de 1981. Entre sus fundadores figuran el querellado Joan Martí Mercadal y Antoni Subirá Claus. La FCC estuvo vinculada desde su fundación tanto a Banca Catalana como a otras fundaciones privadas creadas en primero o segundo grado por este grupo bancario, tales como la Fundació Catalana, la entidad a la que Jordi Pujol cedió su paquete de acciones (estimado en tomo al 5% del capital social total) el 15 de mayo de 1982.