La resaca de Galicia

EL ANÁLISIS de las elecciones autonómicas gallegas, cuyos principales rasgos fueron la holgada victoria -a un escaño de la mayoría absoluta- de Coalición Popular y los buenos resultados de Coalición Galega, ha llevado a políticos y comentaristas a extraer algunas enseñanzas que pudieran resultar válidas para el conjunto de la política española, ya en vísperas de las próximas elecciones generales. Cualquier extrapolación debe superar, sin embargo, dos obstáculos. De un lado, las experiencias de Cataluña y el País Vasco demuestran que la orientación del voto y los índices de participación ofrecen sensibles variaciones según se trate de elecciones autonómicas o parlamentarias. De otro, la política gallega -su historia, sus condicionamientos sociales, su cultura cívica, su elevado abstencionismo- presenta características irrepetibles en cualquier otra región de España.Manuel Fraga participó personalmente en la agotadora campaña electoral y se lanzó a la apuesta de asegurar a sus seguidores una victoria por mayoría absoluta. El despliegue de medios económicos, el prestigio de Fernández Albor, la dosificación de galleguismo y moderación en los mensajes de Coalición Popular, la identificación de las instituciones autonómicas con la primera Xunta, la ruptura en Orense de Coalición Galega y la red de intereses caciquiles para captar votos creaban las condiciones que hacían posible ese triunfo mayoritario. Sin embargo, la meta no fue alcanzada. Aun así, los resultados obtenidos por Coalición Popular marcan un aumento de votos en comparación con las últimas elecciones parlamentarias y una ganancia aún mayor -consecuencia del mayor índice de abstención- en términos porcentuales (41,85%. frente al 38,5%).

Para Fraga, la consecución de la mayoría absoluta poseía. un alto interés estratégico, no tanto en relación con Galicia (donde Coalición Popular podrá gobernar sin grave dificultad) sino con vistas a las futuras legislativas. Los sondeos continúan arrojando un elevado porcentaje de rechazo a su figura (demasiados ciudadanos afirman que nunca votarán a Manuel Fraga) y confirman la existencia por ahora de un techo electoral que le impediría alcanzar la presidencia del Gobierno. Durante los últimos meses, los asociados de Coalición Popular -y también algunos dirigentes de AP- extrajeron de esa actitud la conclusión de que el liderazgo de Fraga es un obstáculo para una victoria sobre los socialistas. Las maniobras y las conspiraciones para jubilar al veterano dirigente y para sustituirle por un candidato que no suscitase tan enérgicos rechazos están obligando a Fraga a defender sus derechos a la primogenitura de Coalición Popular. Los comicios de Galicia constituían un banco de prueba para demostrar que su nueva imagen podía romper el famoso techo y que Fraga 86 sería la mejor consigna imaginable para la derrota socialista en las parlamentarias. El incumplimiento de esa voluntarista profecía reforzará ahora, en cambio, los argumentos de quienes están horadando, en el seno de la coalición conservadora, el suelo de Manuel Fraga.

Coalición Galega ganó sus 11 escaños y sus 162.000 votos gracias a una buena campaña electoral, a la elección de Pablo González Mariñas como cabeza de lista y a su propia organización de intereses en la política local gallega. No resulta fácil valorar la eficacia y el peso del mensaje centrista (asociado con la operación Roca y el PDR) dentro de la oferta de Coalición Galega, de la que forman también parte el galleguismo moderado y la lealtad de algunos sectores de la vida rural a sus líderes y caciques tradicionales. Quienes subrayan exclusivamente los rasgos de modernidad y centrismo de Coalición Galega necesitan explicar las razones de que sus porcentajes de voto hayan sido muy superiores en las provincias menos urbanizadas: el 20,367. en Lugo y el 22,56% en Orense, frente al 9,83% de La Coruña y el 8,86% de Pontevedra. Quizá resulte excesiva la euforia de los reformistas de Roca, inclinados a abstraer los factores específicamente gallegos de esos resultados y a olvidar que los llamamientos centristas en otras regiones españolas no contarán con la ayuda de las redes de influencia local de Lugo y Orense. Por esa misma razón, el espectacular naufragio en las elecciones gallegas del CDS -defendido por un inverosímil candidato- no sepulta definitivamente las oportunidades, a escala estatal, de Adolfo Suárez.

El enjuiciamiento de los resultados obtenidos por los socialistas varía según cuál sea el término de comparación elegido. En las elecciones parlamentarias de 1982 el PSOE obtuvo 426.000 sufragios y el 32,3% de los votos; en las autonómicas, esos resultados descendieron a 356.000 sufragios y al 28,4%. de los votos. La política de ajuste del Gobierno González y la reconversión naval en Galicia han influido seguramente en esa pérdida. En la búsqueda de su mejor perfil, el PSOE ha tratado de imponer como únicos términos de comparación posibles dos referencias favorables: las elecciones autonómicas de 1981 (con 193.000 sufragios y el 19,6% de los votos) y los comicios locales de mayo de 1983 (con 335.000 sufragios y el 26,97. de los votos).

Las fuerzas propiamente nacionalistas de Galicia han ocupado casi el 10%, de los sufragios populares, manteniendo la cuota de porcentajes de las anteriores autonómicas pero aumentando el número de sufragios. El dato más relevante es que el PSG-Esquerda Galega, formación de izquierda democrática, ha superado al Bloque Nacional Galego (BNG), radical y rupturista. Una de las razones que explican el papel marginal de esas opciones es que la rama gallega de Alianza Popular -partido que en Madrid desea reformar el artículo 2 y el título VIII de la Constitución para borrar de su texto la expresión nacionalidades y para laminar las competencias de las comunidades autónomas- ha logrado apoderarse de algunas de las banderas del nacionalismo moderado y competir con las opciones galleguistas. Curioso fenómeno este de oportunismo político, que permite subrayar las incoherencias ideológicas de una opción que cambia de vestimenta -en Galicia, en Cataluña, en el País Vasco o en Andalucía- en función de la rentabilidad electoral de cada modelo.