Bravatas y muertes

TRAS EL atentado en el que perdieron anteayer la vida los marinos Rafael Melchor y José María Ibarzábal, el asesinato del guardia civil Isidoro Díez Retón, perpetrado en Pasajes en la noche del pasado lunes y el del guardia civil retirado, José Herrero, de 67 años, en Lasarte, parecen confirmar el propósito de ETA de lanzar una nueva y cruenta ofensiva desestabilizadora. Las declaraciones del diputado socialista García Damborenea y del ministro Barrionuevo, defensores de la tesis según la cual el silencio de las armas se debería exclusivamente a la impotencia de los terroristas, han tenido el carácter objetivo -fuesen cuales fuesen sus intenciones- de una provocación. Si el crimen es la única forma que tienen los miembros de ETA de demostrar a los demás -y de demostrarse a sí mismos- su identidad, constituye una temeridad emplazarles a la violencia, ya que la única respuesta previsible es la sangre. Aunque las especulaciones sobre una eventual tregua de ETA -difundidas por medios de comunicación de Bilbao y de Madrid- se hayan mostrado carentes de fundamento, el más elemental sentido común exigía una mayor prudencia en los dirigentes socialistas. Aunque no hará falta decir que esto no atenúa en lo más mínimo el repugnante carácter de los crímenes terroristas de San Sebastián, Pasajes y Lasarte.Por lo demás, nadie ha negado hasta ahora la multiplicación de los contactos personales -en Francia o en América Latina- entre representantes del Estado y miembros de ETA, orientados a conseguir la reinserción social de los antiguos terroristas dispuestos a renunciar a la violencia. En las ¡das y venidas de esa auténtica negociación por la paz, que no guarda relación alguna con el espejismo imposible de un remedo de solemne reunión en la cumbre entre emisarios del Gobierno socialista y dirigentes de las bandas armadas para discutir el futuro del País Vasco, no sería extraño que algunos responsables de la organización terrorista pudieran haber llegado a recibir y a entender esos mensajes reconciliadores. A este respecto, el caso de María Dolores González Cataraín, alias Yoyes, resulta paradigmático. Es difícil suponer que la reinserción social de quien ocupara puestos de máxima responsabilidad en ETA Militar tras el asesinato de Argala -en estos momentos Yoyes vive normalmente en España- no haya tenido profundas repercusiones dentro de la organización terrorista y en su periferia ideológica y política. La lista de supuestos traidores a la causa del pueblo vasco, acusados de haber renunciado a la violencia y de haber aceptado las vías democráticas, es demasiado extensa como para que la descalificación resulte mínimamente creíble. Esa relación, nutrida con centenares de nombres, comienza con algunos dirigentes históricos de ETA-VI Asamblea; continúa con Mario Onaindía, Javier Izco y Teo Uriarte (condenados a muerte en el juicio de Burgos de 1970 y hoy militantes de Euskadiko Ezkerra), y termina provisionalmente con Yoyes.

En esa perspectiva, resulta lógico suponer que algo se esté moviendo, y de forma acelerada, dentro de la organización residual de ETA en Francia, del exilio vasco y de Herri Batasuna. Excepto las fuerzas de la involución, los ideólogos de la sangre y los mercaderes de la muerte, todo el mundo está de acuerdo en buscar los caminos que faciliten la pacificación del país Vasco y termine así de una vez esta desoladora siembra de cadáveres.