El alcalde de Villaviciosa paraliza las obras de un centro de recuperación de toxicomanos

El alcalde de Villaviciosa de Odón, Antonio Parejón, de Alianza Popular, ordenó ayer a la Policía Municipal que paralizara las obras de acondicionamiento de tres chalés de la Comunidad de Madrid que se iban a utilizar como sede de una comunidad de rehabilitación de toxicómanos. María Gómez Mendoza, consejera de Salud y Bienestar Social, califica la actitud del alcalde, y de AP, de "hipócrita y demagógica".

La Policía Municipal de Villaviciosa, localidad de más de 6.000 habitantes situada a unos 20 kilómetros' al este de Madrid, procedió ayer por la mañana a paralizar las obras porque éstas no cuentan con una licencia para acondiciona miento interno de los edificios ya construidos. Ayer no fue posible hablar con el alcalde, Antonio Parejón. Carlos Ruiz Soto, presidente de AP de Madrid, declaró que el alcalde es un hombre receptivo ante el problema de los toxicómanos, "pero no puede ir en contra del pueblo, que se opone unánimemente a esta instalación".Ruiz Soto asegura que "en Villaviciosa no ha existido ningún problema de drogas, y si ahora comenzara a haberlos la gente culparía al Ayuntamiento. Somos conscientes, de que los drogadictos necesitan atención, pero hay que tener en cuenta la opinión de los pueblos. Por otra parte", añade, parece que la Comunidad no tiene sitios para estas iniciativas más que en distritos como el de Chamartín, o en localidades con mayoría de AP".

María Gómez Mendoza declaró ayer que se ha utilizado como pretexto para la paralización la falta de la licencia citada, "cuando se han hecho continuamente obras similares en la cercana residencia de ancianos o en los viveros de la Comunidad y nunca ha habido necesidad de pedirla. Ahora lo hemos hecho, pero temo que el Ayuntamiento intente retrasarla".

"Profunda insolidaridad"

La consejera destacó la paradoja de que Antonio Parejón es uno de los miembros de AP que forman parte de la comisión regional contra la droga. "Suponíamos que AP habría designado para esa comisión a personas con una mínima sensibilidad ante el problema de la droga. En el fondo no les preocupa. Su actitud es la de hay que hacer algo, pero que lo hagan los demás y sin que me moleste a mí. AP se opuso al centro antidroga de Chamartín porque estaba en zona urbana. Ahora se opone a otro en el campo. Su actitud es de una profunda insolidaridad".Gómez Mendoza aludió también al hecho de que la propia AP ha abierto un centro de información para toxicómanos en la calle de Eduardo Dato, 5, en una zona rodeada de colegios, "igual que en Chamartín", dijo. "En el número 2 de esa calle está el centro Blanca de Castilla; en el número 4, el de San Diego y San Vicente de Paul. En total, el censo escolar del barrio es de unos 15.000 alumnos".

Según afirmó Pedro Enrique Muñoz, responsable de la comisión regional contra la droga, se decidió instalar la futura comunidad terapéutica en Villaviciosa porque en dicho término municipal, a varios kilómetros del pueblo, existen unos edificios propiedad de la Comunidad de Madrid idóneos para ser utilizados como albergue de unos 30 a 35 jóvenes en rehabilitación. Los terrenos son propiedad del Ayuntamiento, pero alquilados primero a la antigua Diputación Provincial y luego a la Comunidad, de forma ininterrumpida, desde 1930. El contrato, afirmó Muñoz, establece que los terrenos se utilizarán para los fines propios de la Diputación, hoy Comunidad de Madrid.

"Construir estos mismos edificios en cualquier otro lugar exigiría un presupuesto de unos 120 millones", añadió, "mientras que acondicionarlos supone un gasto de apenas 16 millones. Es un sitio perfecto para la rehabilitación de jóvenes que ya han superado el síndrome de abstinencia puramente físico, pero que necesitan residir durante algunos meses en un lugar tranquilo, mientras recuperan hábitos de convivencia imprescindibles para que su reinserción social sea efectiva".