González y Fraga muestran su acuerdo para "temas de Estado"

La entrevista celebrada ayer entre Felipe González, presidente del Gobierno, y Manuel Fraga, presidente de AP, confirmó las perspectivas existentes para llegar a un consenso en lo que ambos llamaron "temas de Estado", y sirvió para mostrar que existe un desacuerdo de principio respecto al nombramiento del segundo comisario español ante la Comunidad Económica Europea (CEE). Fraga pidió al jefe del Ejecutivo conocer el "texto básico" de la pregunta sobre el referéndum de la OTAN antes de que se celebre el debate parlamentario sobre seguridad, que se producirá, según González, "a mediados de diciembre" (muy probablemente, el día 17). González y Fraga aseguraron que no tienen intención de utilizar las eventuales crisis de los Gobiernos regionales para impedir el referéndum. La pregunta, según el presidente del Gobierno, "no será oscura ni contendá disposiciones de futuro".

González y Fraga almorzaron ayer en el palacio de la Moncloa, en su primera entrevista desde que, el 3 de octubre, llegasen al acuerdo de negociar la reforma del estatuto de RTVE y la regulación de la televisión privada.En aquella conversación también trazaron las líneas maestras de lo que podría ser un consenso en política de seguridad exterior.

La conversación de ayer, según dijo luego Felipe González en una breve conferencia de prensa, se desarrolló "en un ambiente cordial y abierto, aunque a veces con posiciones no coincidentes". "Pero lo importante", explicó el presidente, "es el esfuerzo que se hace para que haya coincidencia en asuntos de Estado".

Aunque González no mencionó expresamente la palabra OTAN -que parece desterrada definitivamente del vocabulario público del presidente del Gobierno-, la impresión existente es que lo relativo a la Alianza Atlántica en general, y el planteamiento ante al referéndum, en particular, centró la mayor parte de la reunión de ayer.

En su versión de esta entrevista, dada en conferencia de prensa distinta a la del presidente del Gobierno, Fraga pareció apuntar ya la inevitabilidad de la celebración de la consulta popular -aunque reiteró su oposición a ella- y recalcó que, antes de aceptar ningún compromiso, necesita conocer, previamente a la celebración del debate parlamentario sobre seguridad, el texto básico de la pregunta que será sometida a referéndum.

Por su parte, González dijo que "formalmente no es imprescindible" que la pregunta quede fijada durante este debate. "Pero a mi juicio", agregó, "debería salir de ese debate claramente cuál es el tipo o modo de pregunta que sé deba hacer en el referéndum". Según Fraga, el presidente reiteró que esta pregunta "no será oscura, ni contendrá disposiciones de futuro".

Sondeo

Ello parece abonar la tesis de que el acuerdo respecto a la participación más o menos activa de AP en la campaña por el sí es casi un hecho, dado que, según fuentes atlánticas, Fraga señaló al secretario general de la OTAN, lord Carrington, en una reciente entrevista mantenida con él en Bruselas, que predicaría el voto afirmativo en el referéndum, siempre y cuando la pregunta no implicase que España abandone definitivamente el mando militar integrado en la Alianza.

El presidente de AP no quiso comentar los resultados del sondeo publicado el domingo por EL PAIS, según el cual el 28% de los votantes de Coalición Popular está en contra de la permanencia de España en la OTAN: "Ya saben mi opinión sobre los sondeos", dijo. "Nuestro partido apoya plenamente nuestro programa y cumpliremos nuestro deber", agregó al ser preguntado si se ejercerá alguna labor de mentalización para tratar de cambiar el voto de ese 28% hostil a la Alianza.

Seguidamente, señaló que sus impresiones sobre la actitud de la opinión pública ante el referéndurirri no coinciden con los datos que facilita al Gobierno el Centro de Investigaciones Sociológicas, aunque reconoció que "hay cierto avance" en el deseo popular de participar en esta consulta. Tanto Manuel Fraga como Felipe González aseguraron que "no hay intención por parte de nadie" de utilizar las crisis de Gobiernos regionales como maniobra para impedir el referéndum (debido al impedimento legal de que las llamadas a las urnas se sucedan sin 90 días de intervalo).