Arrecia la campaña terrorista contra las escuelas argentinas

Treinta escuelas -29 en la capital federal y una en La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires- fueron desalojadas el miércoles tras amenazas telefónicas de ser voladas con explosivos. Hacia las dos de la madrugada de ayer un poderoso artefacto destruyó una oficina de Entel (Empresa Nacional de Telecomunicaciones) también en la capital federal, y otra bomba de gran potencia explosionó frente al garaje de la quinta de fin de semana del ministro del Interior, Antonio Troceoli, en el Gran Buenos Aires. Los atentados consumados sólo ocasionaron daños materiales.

Fue una jornada en la que la provocación terrorista alcanzó niveles de histeria para los colegios, ya psicológicamente castigados desde hace cerca de un mes, particularmente aquellos donde se educan los nietos del presidente Raúl Alfonsín y una de las hijas del fiscal de la Cámara Federal de Apelaciones, Julio César Strassera, quien lleva la acusación contra las Juntas Militares.

La colocación de una bomba en las puertas de la casa de descanso del ministro del Interior, 24 horas después de que el Gobierno ordenara la detención por 60 días de 12 presuntos conspiradores de la extrema derecha, obliga a pensar en peligrosas, complicidades o incompetencias en las seguridad policial.

El jueves ya eran siete los detenidos por la policía militar y federal de entró los 12 perseguidos por el Gobierno: todos los militares menos el ex general Suárez Mason, prófugo desde hace dos años, y dos de los seis civiles. Cinco solicitudes de hábeas corpus presentadas por los abogados de los requeridos han sido rechazadas por dos jueces, que sancionaron la constitucionalidad de la medida decretada por Alfonsín en período de receso del Congreso de la nación.

Apoyo masivo

La gran mayoría de los partidos políticos ahora en liza electoral por unas legislativasparciales (un tercio del Congreso) han respaldado la medida gubernamental o la han objetado sólo en sus aspectos formales, aduciendo defectos legales en su aplicación. Las voces más hostiles a la decisión cautelar del Gobierno, han procedido del justicialismo ortodoxo: Herminio Iglesias, secretario general del movimiento peronista y primer candidato en estas elecciones a diputado bonaerense y Jorge Tríaca, cosecretario de la CGT (Confederación General del Trabajo) y vicepresidente del justicialismo.Ambos han rechazado las detenciones y Tríaca -quien como testigo en el juicio contra las Juntas Militares declaró haber sido excelentemente tratado por los uniformados durante su breve detención-, acaba de rechazar tanto estas detenciones cautelares como el mismo juicio a las juntas.

Sigue sin haber espacio político para un golpe de Estado en la Argentina, pero, sin duda, las últimas detenciones no desarticulan el aparato cívico-militar, del que cabe esperar nuevas sorpresas o atrocidades entre el 3 de noviembre, fecha de las elecciones parciales, y el 10 de diciembre, en el que se pronuncien las sentencias contra las tres primeras juntas militares presuntamente responsables de la guerra sucia contra la subversión.