Ruiz-Giménez pide a Defensa un informe sobre el "problema" de la UMD

El defensor del pueblo, Joaquín Ruiz-Giménez, recordó ayer en el Congreso que el "problema pendiente" de los nueve militares pertenecientes a la Unión Militar Democrática (UMD) amnistiados en 1975, pero no rehabilitados para su incorporación al Ejército, está aún sin resolver, por lo que su institución se ha dirigido al Ministerio de Defensa para recabar información al respecto. Ruiz-Giménez, compareció ayer ante el Pleno del Congreso para presentar el informe de su gestión del pasado año.El Defensor del Pueblo dedicó una parte de su intervención a recordar la situación sin resolver de los militares de la UMD. "Queda pendiente la ampliación de la amnistía para los nueve oficiales, que eran del Ejército llamado nacional, de la UMD, un problema que hemos planteado ya al ministro de Defensa", dijo Ruiz-Giménez. Se refirió igualmente a la situación de los cuatro alféreces cadetes "expulsados in extremis por razones políticas al final del régimen anterior". Se trata de Francisco García García, Mario Fallos Moya, Juan Vázquez Ruiz y Faustino Canga Martínez, expulsados el 13 de julio de 1973 de la Academia de Infantería de Toledo.

El diputado del Grupo Socialista, ex miembro de la UMD, Julio Busquets, declaró a Europa Press, tras la intervención de Ruiz-Giménez, que el Defensor "era la persona adecuada para dinamizar esté proceso que el vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, se comprometió a resolver antes de acabar esta legislatura". "Ruiz-Giménez está haciendo gestiones ante el Ministerio de Defensa para resolver el caso de los cadetes, que es más escandaloso aún que el de los oficiales", continuó el diputado socialista. Según Busquets, "los cadetes fueron expulsados de la Academia de Infantería un día antes de ser ascendidos a tenientes, perdieron su carrera y tuvieron que empezar una nueva vida; fue una expulsión sin juicio, sin abogados y sin defensa jurídica".

Las quejas recibidas por el Defensor del Pueblo durante 1984 pueden dividirse en dos grandes bloques, el primero referido a pensiones y Seguridad Social y el segundo a reclamaciones por un mal funcionamiento de la administración de Justicia. Todos los portavoces de los grupos parlamentarios coincidieron en reconocer la utilidad de este alto comisionado de las Cortes generales y le animaron a seguir en su labor.