Seis consejeros del poder judicial no votaron a Hernández Gil por discrepar del pacto previo

Seis vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que el miércoles negaron su voto a Antonio Hernández Gil como presidente de la institución lo hicieron por discrepancia con la existencia de un pacto político previo sobre el candidato a la presidencia, según fuentes próximas a dichos vocales. Entre los seis consejeros que votaron al vicepresidente del Tribunal Constitucional, Jerónimo Arozamena, hay vocales propuestos por el PSOE, que pertenecen a grupos judiciales progresistas y moderados.

Según aseguraron diversas fuentes del nuevo CGPJ consultadas por este periódico, no es cierto que Hernández Gil haya contado con el voto exclusivo de los vocales propuestos por el PSOE frente a los seis propuestos por el Grupo Popular y las minorías nacionalistas vasca y catalana.De acuerdo con tales fuentes, los consejeros más vinculados a los grupos socialista y conservador y a los nacionalistas votaron a Hernández Gil, mientras que los vocales discrepantes con el pacto político previo y con el procedimiento de votación fueron los que le negaron su voto.

La reconstrucción de la votación permite asegurar que los seis votos para Arozamena fueron emitidos por Emilio Berlanga, miembro del secretariado de la asociación judicial progresista Jueces para la Democracia; Pablo García Manzano, magistrado del grupo judicial del Tribunal Supremo vinculado al colectivo moderado Francisco de Vitoria; Juan Antonio Linares Lorente, magistrado de izquierda moderada; Valentín de la Iglesia Duarte, perteneciente a Jueces para la Democracia, y otros dos magistrados independientes de trayectoria progresista: Julián Serrano Puértolas y José Luis Calvo Cabello.

Entre los votantes de Hernández Gil figuran los vocales más vinculados al Grupo Popular -Pablo Beltrán de Heredia, Luis Vacas Medina, Antonio del Cacho y Antonio Albasánz Gallán-; los más vinculados al PSOE -Pablo Castellano, que ayer entregó su renuncia como diputado socialista, Cristina Alberdi, Ignacio de Otto, José Augusto de Vega, Juan José Martínez Zato y Francisco Huet-, y los propuestos por la Minoría Catalana-Cesáreo Rodríguez Aguilera- y por el PNV -Adrián Celaya Ibarra-.

Este último se manifestó reticente con la elección para presidente de una persona que, como Hernández Gil, no reúne la condición de magistrado, pero finalmente le votó. Por su parte, Antonio del Cacho, igualmente reticente respecto a Hernández Gil, tuvo que optar entre el pacto del Grupo Popular y la posición frontalmente contraria al sistema de acceso al nuevo CGPJ de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), de la que es vicepresidente. Finalmente votó a Hernández Gil, como también lo hizo el miembro de Jueces para la Democracia Manuel Peris.

Según fuentes próximas a la minoría discrepante, la razón última de la votación final guardó mucha relación con el procedimiento adoptado para elegir al presidente y con las peripecias que se produjeron durante la sesión constitutiva del CGPJ.

Ruptura del método

Tales fuentes expresaron su disconformidad con que, una vez adoptado un sistema de votación, no fuera respetado a lo largo de la sesión constitutiva. Recordaron que mientras que inicialmente fueron eliminados Federico Carlos Sainz de Robles y Manuel García Miguel, que obtuvieron, respectivamente, cinco y tres votos, en la votación en la que Hernández Gil obtuvo 16, Carlos de la Vega 13 y Jerónimo Arozamena 9, se rompió el método seguido hasta entonces.En lugar de eliminar a Arozamena y pasar a la votación final, se procedió de manera inversa: Hernández Gil quedó excluido de la siguiente votación, en su calidad de finalista indiscutible, y se realizó una nueva votación entre los otros dos.

El resultado fue que Arozamena obtuvo entonces 11 votos y De la Vega 9, con lo que quedó eliminado este último y quedó el camino despejado para la votación final, con lo que se evitó un encuentro final entre el candidato objeto de un pacto previo y el preconizado por los vocales más progresistas. Hernández Gil jura hoy su cargo ante el Rey y el 29 de octubre, hará su toma de posesión en un acto conjunto de los plenos del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial.