Burón pide que Defensa entregue a Justicia los tres guardias civiles condenados por el 'caso Almería'

El fiscal general del Estado, Luis Antonio Burón, ha iniciado los trámites para que los tres guardias civiles condenados por el triple homicidio conocido como caso AImería sean puestos por el Ministerio de Defensa a disposición del Departamento de Justicia para que cumplan sus penas en cárceles ordinarias. Por su parte, el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Federico Carlos Sainz de Robles, reconoció ayer en el Senado el error de la Audiencia de Almería, que debería haber "apretado más al ministro de Defensa" para ejecutar la sentencia.

La iniciativa de Burón es la consecuencia del documento que el pasado 17 de octubre le remitió el Consejo General por las responsabilidades penales que pudieran deducirse del informe sobre las dificultades con que se había encontrado el tribunal para cumplir en sus propios términos la sentencia del caso Almería (ver EL PAÍS del día 18).Tras el estudio de estos antecedentes, la Fiscalía General del Estado, antes de ejercitar ningún tipo de acción penal, ha ordenado al fiscal de la Audiencia de Almería que presente un escrito a la sala con el fin de que el tribunal sentenciador interese del Ministerio de Defensa la puesta a disposición del Departamento de Justicia de los tres penados en dicho asunto "para el cumplimiento de las penas privativas de libertad a que han sido condenados en un centro penitenciario ordinario".

Mediante esta orden, el fiscal del Estado corrige al fiscal de Almería que, en julio de 1983, consideró requisito previo que los condenados fueran separados del servicio por el ministro de Defensa. Ahora, Burón opta porque sea Justicia, ministerio del que depende la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, el que colabore en la ejecución de la sentencia, una vez que Defensa ponga a su disposición a los condenados, "sin perjuicio de que dicho Ministerio de Defensa", dice la fiscalía, "adopte las prevenciones oportunas para hacer efectiva la separación del servicio que, por ministerio de la ley, es consecuencia de aquellas penas".

En relación con el retraso en hacer efectiva esta consecuencia de la sentencia del caso Almería, Burón se ha dirigido al ministro de Defensa, Narcís Serra, a quien ha solicitado que le remita un "informe sobre los trámites que se han seguido hasta ahora para el cumplimiento de la pena accesoria de separación del servicio, que es efecto de aquella condena".

Negligencia

Precisamente ayer, en su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Senado, Sainz de Robles fue preguntado por el comunista Rafael Fernández-Piñar que cómo podía explicar que el CGPJ no hubiera corregido la "negligencia" de la Audiencia de Almería, a pesar de los varios años de no ejecución de la sentencia.El presidente del CGPJ reconoció que fue un error que la Audiencia se dirigiera a la Dirección General de la Guardia Civil, en lugar de hacerlo al ministro de Defensa. Fernández-Piñar contestó que, al margen de la negligencia imputable a Defensa, la Audiencia de Almería "tenía la obligación de ejecutar la sentencia y de pedir responsabilidades penales para quienes se hubieran opuesto a ello".