Tensión judicial ante la constitución del nuevo consejo general y la elección de su presidente

La sesión constitutiva del nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), prevista para hoy, fue contestada ayer por las dos principales asociaciones judiciales. La mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), de tendencia conservadora, planteó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, al que pidió que declare la nulidad de los decretos de nombramiento y, mientras tanto, suspenda la toma de posesión. Por su parte, el secretariado de la asociación progresista Jueces para la Democracia consideró grave que, antes de haberse reunido el nuevo Consejo, se conozca quien será su presidente.La APM quemó ayer el último cartucho jurídico contra la elección parlamentaría de 12 de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que hoy elegirán a su presidente. La APM, partidaria de que los 12 vocales de procedencia judicial fueran elegidos por los propios jueces, fundamentó su recurso en que el nuevo sistema de elección viola el derecho de sufragio que reconoce el artículo 23 de la Constitución.

Jueces para la Democracia califica de grave que "antes de haber tenido lugar ninguna reunión del CGPJ, cuyos miembros aún no han tomado posesión de sus cargos, haya trascendido a todos los medios de comunicación social qué decisiones van a ser tomadas en su seno y qué nombramiento van a efectuar, máxime cuando afecta precisamente a quien haya de ser su presidente".

El comunicado añade: "De ser ciertas las noticias publicadas, ello constituiría un atentado a la dignidad del propio Consejo, como órgano constitucional cuyos miembros, cualquiera que sea su sistema de designación, no están ligados por mandato imperativo alguno. Este modo de proceder, caso de confirmarse, cuestionaría muy seriamente la credibilidad del nuevo Consejo, al sembrar la duda sobre su capacidad de decisión autónoma, en el ámbito de competencias que le atribuye la Constitución y la ley orgánica del Poder Judicial, y sentaría un precedente muy peligroso para su futuro como órgano de gobierno del poder judicial y para el sistema constitucional de equilibrio de poderes".