La Administracion y el ingreso en la CEE

DE SEGUIR las cosas como hasta ahora, el 1 de enero de 1986, fecha de nuestro ingreso en la Comunidad Económica Europea, va a provocar una serie de sobresaltos cuyo alcance es difícil de prever, pero que podrían haberse evitado fácilmente mediante el oportuno esfuerzo de información al público.Tras la firma del tratado, en el mes de junio pasado, nada -o muy poco- se ha hecho para dar a conocer a ciudadanos y empresas el contenido del mismo, y ello a pesar de que el marco económico y jurídico en el que van a desarrollar su actividad se verá profundamente alterado a partir del 1 de enero del próximo año. No existe, que se sepa, un texto impreso fácilmente accesible del propio tratado. Por no hablar de las normas comunitarias,-que entrarán en vigor en España el 1 de enero y que ni siquiera están traducidas al castellano. Numerosas empresas van a tener que aplicar una normativa que, con suerte, conocerán unos días antes de su entrada en vigor, con los perjuicios de todo tipo que ello entraña.

En algunos casos se trata de reglamentos que no revisten gran importancia o que ya se aplican, pero en otros las normas son mucho más explícitas y vinculantes como consecuencia del alto grado de integración (y de regulación) al que se encuentran sometidos algunos sectores de la CEE. Tal es el caso de la siderurgia, donde las decisiones de la CECA son inmediatamente ejecutivas y se tornan sobre la base de una información mensual muy detallada que las empresas deben someter al organismo internacional.

Pero dónde la ausencia de información se hace aún más patente -y peligrosa- es en el caso del impuesto sobre el valor añadido (IVA), que alterará profundamente los hábitos impositivos de las empresas. Y a estas alturas, cuando apenas faltan algo más de dos meses Para su entrada en vigor, ni siquiera existe el reglamento definitivo del impuesto. Circulan, eso sí, algunos, borradores mas o menos oficiosos, pero el último conocido se encuentra aún en el Consejo de Estado, a la espera de su aprobación definitiva. Mientras tanto, ha comenzado en la televisión y en los medios informativos una campaña genérica cuyo complemento lógico habría sido un programa detallado de actuaciones llevado de común acuerdo entre las administraciones -a todos los niveles- y las organizaciones profesionales. Muchas de éstas ya lo están realizando, pero se quejan de la falta de apoyo que encuentran en los organismos públicos, más preocupados por sus, propios problemas que por los asuntos generales que afectan a todos los ciudadanos. En cualquier caso, la falta de un texto definitivo al que atenerse complica enormemente las cosas, por mucho que la Administración susurre que las modificaciones que realice el Consejo de Estado serán, con toda probabilidad, limitadas. En el mismo sentido cabe interpretar la parsimonia en el nombramiento de los dos representantes españoles en la Comisión Európea, tema que debería haber quedado zanjado hace semanas, si no meses, y en el que la devoción por el consenso con lo más reaccionario de la oposición está llevando al Gobierno a un callejón sin salida, con el añadido, irritante para la Comunidad y la opinión pública europea y española, de que significados representantes del franquismo y sus estragos se sienten ahora en la comisión de Bruselas, cuando fueron los estragos del franquismo los que durante años nos cerraron el camino de Europa.