Los incidentes entre tribunal y defensa caracterizan el juicio contra Otelo Saraiva

El juicio contra el teniente coronel Otelo Saraiva de Carvalho y los 74 acusados de pertenecer a la organización terrorista Fuerzas Populares 25 de Abril (FP-25) se reabrió el 7 de octubre en Lisboa, en medio de un gran despliegue policial y de fuertes restricciones a la labor de los periodistas. La expulsión de seis abogados de la defensa durante la lectura de las 200 páginas del sumario acusatorio ha sido el más grave incidente de la primera semana de la segunda sesión del juicio contra las FP-25, iniciado el 22 de julio último y suspendido pocas horas después.

En el banco de los reos solo quedan 44 acusados. Diez de los que comparecieron en julio ante el tnibunal se han evadido de la cárcel de Lisboa el 27 de septiembre, y como uno de ellos era el único que había solicitado la constitución de un jurado, el tribunal ha decidido esta vez prescindir de esta institución, decisión que agradó a la mayoría de los abogados, tanto de la defensa como de la acusación.En el banquillo situado en la zona, que separa el tribunal y los fiscales de los asientos ocupados por la defensa, cuatro arrepentidos. Falta Manuel Rosa Barradas, el hombre que llevó al tribunal a suspender las vistas del juicio. Este arrepentido, que falleció el pasado mes de agosto, tras resultar gravemente herido a tiros en un atentado perpetrado una semana antes de la apertura del juicio, no podrá nunca más ayudar con su testimonio, que los jueces consideraban importantísimo. Su castigo ejemplar ha contribuido a aumentar el aislamiento de los arrepentidos: nadie aceptó defenderlos, y los primeros defensores designados de oficio no comparecieron el lunes, obligando al tribunal a suspensiones improvisadas.

Las amenazas recibidas por algunos magistrados y el temor de otros atentados han provocado el refuerzo del dispositivo de seguridad montado alrededor del tribunal de Monsanto, al que jueces y acusados acuden cada día en medio de una ruidosa y numerosa escolta policial.

Las primeras sesiones han estado marcadas por una serie de enfrentamientos entre la defensa y el presidente del tribunal. Conscientes de la presencia, en la sala del juicio, de una serie de periodistas extranjeros llegados a Portugal para cubrir el acto electoral del 6 de octubre, los abogados de Otelo, Romeu Francés, y de Mouta Liz, el ex ministro socialista de Justicia Salgado Zenha, han llamado la atención por una serie de supuestas irregularidades, como el hecho de que el tribunal esté presidido por el mismo magistrado que firmó el libelo acusatorio, o la "desigualdad de condiciones en que trabajan los fiscales, colocados, como los jueces, cara a los acusados y en un plano físicamente superior al de los defensores, que no pueden ver a sus clientes, sentados detrás de ellos, en la famosa jaula de cristal. El tribunal rechazó estos argumentos, pero la defensa afirma que recurrirá contra la sentencia, alegando la nulidad de todo el proceso.

Los acusados también aprovecharon para llamar la atención sobre las condiciones infrahumanas de la detención que soportan desde junio de 1984, en muchos casos agravada desde las evasiones de 10 de sus compañeros: 14 están en huelga de hambre desde hace más deunas emana, y el tribunal llamó a unos médicos para examinarlos y rebatir la tesis de la defensa según la cual no se encuentran en condiciones físicas y psíquicas de ser juzgados; y porque los acusados habían conseguido, a pesar del grueso cristal que los aísla, comunicar con los periodistas que se encontr aban en la sala, a través de mensajes escritos que colocaban contra la pared trasera de la jaula, el tribunal expulsó a todos los profesionales de la información de la sala de prensa, situada a unos metros.

Acusaciones poco concretas

Lo que sobresale en el sumario de acusación de 200 páginas, que resume las pruebas y documentos reunidos en un expediente de 20 volúmenes, confima la afirmación hecha por uno de los abogados de la defensa en junio: no se sabe, a ciencia cierta, de qué están acusados cada uno de los 44 individuos sentados en el banquillo, por qué y por quién. La acusación empieza por una pormenorizada historia de una organización llamada Proyecto Global, surgida antes de las primeras manifestaciones de la actividad de las FP-25, y de la cual éstas no son más que un elemento.El Proyecto Global íntegra, según el organigrama reconstruido durante la instrucción, un brazo político, constituido por un partido legal, la Fuerza de Unidad Popular (FUP), que hizo campaña electoral para los comicios del 6 de octubre, desistiendo en el último momento; un brazo annado, designado como Estructura Civil Armada (ECA), que corresponde a las Fuerzas Populares 25 de Abril propiamente dichas; apoyos militares, el elemento cuarteles, acerca del cual los investigadores confiesan no haber descubierto nada de su funcionamiento y composición, y una elemento individual, con el nombre en clave de Óscar, que sería Otelo Saraiva de Carvalho.

Al Proyecto Global, así caracterizado y que corresponde, según la acusación, a las características atribuidas por la ley a una organización terrorista, se atribuye el delito, también global , de atentar contra las instituciones vigentes y contra el régimen democrático, y crímenes más precisos, pero, para el caso, apenas consecuencias del propósito de atentar contra la seguridad del Estado, como seis homicidios, algunas decenas de atracos y robos y otras decenas de atentados con explosivos.

Las pruebas son constituidas por documentos confiscados durante la redada contra los supuestos miembros de las FP-25, informaciones recogidas durante los interrogatorios y confesiones de los arrepentidos e indicios materiales consechados por las fuerzas policiales.

Los seis abogados de la defensa que quisieron intervenir durante la lectura de la acusación para protestar contra algunas de las afirmaciones relativas a sus defendidos y que consideraban improcedentes, fueron impedidos a hacerlo y, finalmente, expulsados, uno tras el otro, de la sala del tribunal.