Los caminos para el retorno

Uno de los aspectos más importantes de la política del Gobierno socialista respecto a la organización terrorista ETA Militar es el relacionado con la reinserción de los activistas dispuestos a entregar las armas y suspender toda práctica delictiva. El plan de actuación en este campo quedó completamente diseñado tras las entrevistas mantenidas en Madrid entre el ministro del Interior español y los ministros franceses Gaston Deferre, primero, y, posteriormente, Pierre Joxe, el pasado año.La operación de reinserción social del Gobierno consta de tres fases independientes y puede suponer el regreso a España de unos 1.000 terroristas, no sólo de la rama militar de ETA, sino también de los Comandos Autónomos Anticapitalistas (CAA) y de ETA Político-militar VIII Asamblea.

La primera etapa, ya en funcionamiento, afecta aproximadamente a 200 personas que no tienen pendiente ningún tipo de requisitoria judicial o policial y que, por sus supuestas relaciones con las dos ramas de ETA y los CAA, optaron por abandonar el territorio español de forma voluntaria. El 14 de junio de 1984 se celebró un encuentro en Madrid entre Barrionuevo y Defferre, tras el que se acordaron medidas concretas de cooperación.

En el mes de julio de 1984 el Ministerio del Interior puso en servicio una línea telefónica y unos apartados de correos en Madrid para atender a los interesados, a los que se garantizó la más absoluta discreción en el tratamiento de su caso. También se podía solicitar información en los gobiernos civiles del País Vasco y Navarra, en el Gobierno autónomo Vasco, en la Embajada y consulados españoles en Francia y en las prefecturas y comisarías de policía francesas. Los interesados debían ofrecer su identificación, lugar de residencia y circunstancias que motivaron su abandono de España. En el caso de que el refugiado pudiera regresar a España, se le entregaría un documento oficial para evitar cualquier problema con las autoridades.

La segunda fase del plan de reinserción es la destinada a unos 500 terroristas no involucrados en delitos de sangre, pero cuyo regreso exigiría "solucionar sus casos ante la justicia o el Ministerio del Interior". Por último, la tercera etapa afectaría a 200 terroristas con delitos de sangre, potenciales beneficiarios de la oferta de negociación efectuada por el Gobierno el 23 de agosto del año pasado.

Con anterioridad a estas medidas gubernamentales se pusieron en marcha otras dos operaciones para la normalización de la situación de los refugiados vascos en Francia. En los años 1981 y 1982 el entonces ministro del Interior, Juan José Rosón, y el diputado de Euskadiko Ezkerra, Juan María Bandrés, iniciaron la reinserción de los miembros de la autodisuelta ETApm- VII Asamblea. Este proceso finalizó en enero de 1985 y ha afectado a unas 250 personas. La otra vía para la reinserción se viene realizando desde las cárceles españolas y consiste en la concesión de indultos particulares negociados por el Gobierno vasco.