Una cultura de la igualdad sexual

Uno de los fenómenos más característicos del período que atraviesan las sociedades occidentales es la aparición de normativas, instituciones y, en cierta medida, prácticas igualitarias. En un contexto tradicional de discriminación hacía las mujeres, y en condiciones económicas y sociales de nuevas desigualdades (basta pensar en los datos sobre desempleo que, aplicables a todos los países, señalan una mayor incidencia de aquél entre las mujeres que entre los hombres), las instituciones estatales y la cultura política están dando señales de una mayor preocupación por los problemas relacionados con la discriminación sexual y están adoptando incluso iniciativas Para combatirla. ¿Qué significa esto? ¿Se trata de tendencias destinadas a cobrar firmeza? ¿Cómo podemos favorecerlas?Una reciente publicación realizada por una comisión de expertos del Consejo de Europa (The situation of women in the political process, febrero de 1985) señala la existencia de una igualdad de derechos políticos en todos los países (con excepción de Suiza y Liechtenstein), pero hace constar, sin embargo, que esta situación formal no se corresponde en ninguno de ellos con una representación femenina en los organismos políticos, sean electivos o de otro tipo, que refleje el peso numérico de la mujer. De ahí que estemos obligados a preguntarnos sobre los factores que impiden una presencia del componente femenino en las instituciones políticas en pie de igualdad, o con arreglo a formas algo más justas; en este marco se traen a colación condiciones y mecanismos bien conocidos que los estudios sociológicos y políticos realizados en los últimos años y las contribuciones en el campo de los women's studies han sacado a la luz.

Tanto si se toman en consideración los datos de escolarización, la participación en la vida política, la experiencia en organismos surgidos de ésta o las condiciones de vida y trabajo propias del sexo femenino, como si se habla del peso de normas y prácticas más o menos explícitamente discriminatorias, las condiciones de infrarrepresentación se dan en todos los países.

Como consecuencia de este conjunto de factores, en los años setenta y principios de los ochenta se han promulgado distintas leyes, e incluso se han modificado cuerpos legislativos enteros, con el propósito de poner fin a las condiciones de subordinación y marginación de las mujeres y, dando un paso más, de establecer medidas en pro de la igualdad. En los campos del derecho familiar, del estudio y del trabaj o, así como en el terreno cultural (en lo que se refiere, por ejemplo, a la imagen de la mujer en los mass media y en la publicidad), las iniciativas se insertan en el marco de la legislación y la aplicación de directivas y recomendaciones de la CEE, pero también en el de la creación de nuevos organismos. Por citar algunos ejemplos: en Francia el Secretariado de los Derechos de la Mujer, amén de otras iniciativas del Gobierno Mitterrand; en el Reino Unido la Equal Opportunity Comission; en los países escandinavos todo un conjunto de normas y de organismos encargados de llevarlas a la práctica; en Italia la recién creada Comissione per la Parità tra Uomo e Donna, adjunta a la presidencia del Consejo, y en el ámbito del Parlamento el Grupo Interparlamentario de Mujeres (que incluye a las diputadas elegidas en las listas del Partido Comunista Italiano, que es con mucho el grupo que cuenta con un mayor número de parlamentarias).

Sin embargo, aquí surgen varias preguntas con respecto a estas iniciativas: ¿qué espacio ocupan?, ¿sirven realmente para algo?, ¿cómo escapar al riesgo de servir de fachada y de coartada y cómo lograr que estas instituciones no sean un mero reflejo de la debilidad de la posición contractual femenina, sobre todo frente a la actual oleada conservadora y a los efectos negativos de las condiciones económicas (presupuestos estatales reducidos, en particular en lo que se refiere a los servicios; reducción de los puestos de trabajo y bajos salarios para la fuerza laboral femenina)? Creemos que las dificultades del camino que hay que recorrer en los próximos años son evidentes para todos y que existe una clara conciencia de las prevenciones con que debe afrontarse la ambivalencia de este proceso y la actitud mixtificadora que caracteriza a instituciones como las mencionadas.

Estamos, pese a todo, ante una situación en la que el desarrollo de una cultura de la igualdad no sólo significa una reivindicación de derechos formales, un reconocimiento de un estatuto, una reafirmación de unos derechos humanos fundamentales; se trata, además, de poner en marcha mecanismos que puedan cambiar la organización social concebida como un todo. Reconocer el problema y valorar los recursos disponibles no sólo sirve para ponerse a la par en una sociedad que sigue siendo lo que era; cabe esperar, por el contrario, que nos permita modificar las reglas y las estructuras. Nos hallamos, pues, ante una oportunidad histórica de extraordinario interés.

Desde esta perspectiva, y ya para acabar, nos referiremos de nuevo a algunas de las propuestas contenidas en el documento del Consejo de Europa antes citado, que trasciende el plano de los derechos y se interesa también por los obstáculos "de naturaleza no jurídica, sino estructural", atento a la necesidad de emplear una amplia gama de instrumentos. Como momentos de máximo relieve para poner estas cuestiones sobre el tapete se aprovechará una conferencia europea de ministros, prevista para principios de 1986, y otra de autoridades regionales y locales.

Se insiste además en la necesidad de realizar distintos estudios: sobre las normativas y procedimientos seguidos en los diversos países (moverse por fin en una perspectiva supranacional constituye un poderoso elemento de presión que las condiciones actuales propician y que sin duda va a ser utilizado) y sobre los experimentos ya realizados (tenemos una absoluta necesidad de supervisar cómo se llevan a la práctica los principios, declaraciones y normas); en tercer lugar se presta una gran atención a la escuela, a los sistemas formativos de toda índole, a los mass media, ya que sólo un compromiso de larga duración en todos estos terrenos puede poner en marcha una modificación real en términos de una cultura igualitaria.

Finalmente se razona desde un punto de vista fundamentalmente práctico, pero también con carácter reivindicativo, en términos de acción positiva, y se subraya la necesidad de adoptar medidas reequilibradoras en relación con el personal político de los partidos, los congresos, los sindicatos, las asociaciones. Si se ponen en marcha mecanismos de esta índole, el resultado no podrá ser otro que acelerar los procesos, modificar las instituciones y, por qué no, producir efectos sociales de enorme trascendencia.

es diputada independiente en las listas del PCI y socióloga en la universidad de Milán.