Razón de Estado, razón de Partido

La actitud del PSOE respecto al proceso autonómico, al igual que con respecto a las corporaciones locales, ha variado sustancialmente desde su acceso al Gobierno. Al margen de la ducha fría que supuso para el Gabinete la sentencia constitucional sobre la ley orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA), la perspectiva de las autonomías como plataformas de poder, mayoritariamente en manos socialistas, frente al Gobierno de la nación, cambió radicalmente al sustituir Felipe González a los ucedistas Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo Sotelo en la titularidad del palacio de la Moncloa.En la primera etapa del nuevo Gobierno socialista, en las negociaciones anuales sobre transferencias presupuestarias a las comunidades autónomas, quedaron claramente perfiladas dos posturas contrapuestas: la del ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer, que, llevado por su preocupación por el déficit del conjunto de las administraciones públicas y por la posible pérdida de la necesaria perspectiva global del gasto público, se mostraba muy restrictivo ante las crecientes demandas de recursos financieros por parte de las comunidades autónomas, y la del ministro de Administración Territorial, Tomás de la Quadra, y de la secretaria de Estado para las Comunidades Autónomas, María Izquierdo, que, en clara sintonía con el vicepresidente, Alfonso Guerra, se mostraban más favorables a ceder financiación a los Gobiernos regionales para acallar las críticas a la LOAPA. En esta época, el Ministerio de Economía y Hacienda se convirtió en el gran antagonista de las autonomías, y el secretario de Estado de Hacienda, José Borrell, recibió fortísimas acusaciones de sus paisanos catalanes.

Cambios

A lo largo del último año la situación ha variado. Hasta la crisis de Gobierno de julio, Boyer impulsó el entendimiento con las comunidades autónomas para lograr el acuerdo definitivo sobre su financiación previsto en la LOFCA y en el Estatuto de Cataluña previamente al 1 de enero de 1986. Tuvieron lugar algunas reuniones y se avanzó algo en este sentido (se conoció, por ejemplo, el deseo de Cataluña de participar en la recaudación del. Impuesto sobre la Renta). Frente a estas tesis de Boyer, aparecen ahora posturas restrictivas por parte de Administración Territorial y Vicepresidencia del Gobierno, cuyo titular ha visto con preocupación la excesiva autonomía de los barones del PSOE, que, con la libertad que les otorgan los presupuestos propios de sus comunidades autónomas, han contestado algunas de las decisiones o directrices de Alfonso Guerra (conflictos con Rodríguez de la Borbolla, Joaquín Leguina o el valenciano Joan Lerma). La hipoteca de las comunidades autónomas a las subvenciones del Estado y la existencia de ventanillas en la Administración central para otorgar recursos a los Gobiernos regionales permite mucho mejor el control no sólo de la Generalitat de Cataluña o la Xunta de Galicia, sino también de los Gobiernos socialistas de Andalucía, Madrid o Valencia.

En este contexto se explica la actual demora en las negociaciones con las comunidades autonomas, la no inclusión de la fórmula definitiva de financiación de las mismas en los Presupuestos, y la táctica' de agotar al máximo el tiempo e interpretar que es a final de año cuando se cumplen los seis años de vigencia del Estatuto de Cataluña y, por tanto, la fecha en que hay que comenzar negociaciones sobre este tema. Los nuevos ministros de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, y, sobre todo, el de Administración Territorial así lo han insinuado. Entre tanto queda también en el aire la cuantificación de las dotaciones presupuestarias en 1986 a las comunidades, qué va a ocurrir con la gestión del IVA (Navarra ya ha dicho que no piensa cederlo al Estado y los expertos internacionales dicen que es, una locura fragmentar este complejo impuesto) y cómo se va a compensar a los Gobiernos regionales por la desaparición el 1 de enero próximo de algunos tributos que les han sido cedidos en sus estatutos (por ejemplo, el de lujo). También queda por resolver la incidencia sobre los estatutos autonómicos de la política regional de la CEE.