Los sindicatos históricos y las cooperativas recibirán en pleno dominio los bienes requisados

Los sindicatos UGT y CNT y las sociedades obreras asociadas a estas dos centrales durante la II República, cuyos bienes fueron incautados en 1939 por la entrada en vigor de la ley de Responsabilidades Políticas, recibirán del Patrimonio del Estado "en pleno dominio" dichos bienes o, en su defecto, una compensación económica, según el texto del proyecto de ley de Cesión del Patrimonio Sindical Acumulado, remitido al Parlamento por el Gobierno el 1 de agosto pasado.

Según cálculos de las centrales y asociaciones cooperativas, la valoración del patrimonio inmobiliario incautado a las sociedades obreras ascendería a unos 12.000 millones ole pesetas, de los que 7.000 millones son reclamados por UGT, 3.000 por las dos ramas de la CNT y otros 2.000 millones corresponderían al patrimonio incautado a las sociedades cooperativas.El proyecto de ley de devolución del patrimonio sindical acumulado establece un plazo de 18 meses para que la Administración, asesorada por una comisión tripartita constituida al efecto, pueda hacer un inventario definitivo de los bienes inmobiliarios sindicales transferidos a la AISS tras la, desaparición de la Organización Sindical. Todos ellos serán "cedidos en uso" gratuitamente por el Patrimonio del Estado a los sindicatos más representativos, a la patronal y a la propia Administración, de acuerdo con la finalidad que los inmuebles, cumplían dentro del desaparecido sindicato vertical. El proyecto excluye expresamente de esta cesión al patrimonio financiero, producto de las cuotas sindicales, depositado por las distintas ramas de la CNS en diversas entidades bancarias, cuyo importe y destino no ha sido desvelado por la Administración y del que sólo han sido hallados 3 millones de pesetas.

El patrimonio sindical acumulado, según un primer inventario efectuado por la AISS, se compone de 1.168 locales distribuidos por toda España. Alrededor de la tercera parte de éstos ha sido ya cedida a patronal y sindicatos, mientras que es la propia Administración la que ocupa la mayoría de la superficie. En Cataluña, la Generalitat es también usuaria gratuitamente de la mayor parte de los inmuebles de origen sindical, junto a la Administración Central.

La cesión provisional del patrimonio acumulado a los protagonistas sociales ha venido caracterizada por una gran lentitud, producto de las dificultades de determinar tanto los bienes y su justiprecio, como la identidad del adjudicatario. La cesión, además de estar condicionada a la finalidad que los inmuebles cumplían cuando eran utilizados por la CNS, estará supeditada al mantenimiento de la condición de organización "más representativa" y a la no transmisión a terceros.